Esta semana, la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur -que tiene sede en Santiago-, Birgit Gerstenberg, afirmó durante la 172° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el organismo encabezado por la ex Presidenta Michelle Bachelet “nota con preocupación que el Estado de Chile ha recurrido a expulsiones colectivas de personas migrantes por encontrarse en situación irregular (…) Llama al Estado de Chile para que ponga fin a las mismas”.

Críticas que la portavoz de Bachelet para la región realizó durante la audiencia “Situación de los migrantes en Chile”, solicitada por organizaciones civiles como la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes.

Mijail Bonito, asesor de política migratoria del ministerio de Interior,  quien lideró la comitiva chilena en la CIDH refutó los cuestionamientos  y afirmó, en entrevista con La Tercera, que “las expulsiones administrativas del año 2015 al 2017 fueron muy superiores a las judiciales“. Además señaló que “decir que hay expulsiones colectivas cuando cada persona tiene un proceso individual con todos sus derechos garantizados es derechamente falso. Eso es inaceptable y por ello solicitaremos oficialmente a la Oficina de la Alta Comisionada que acredite sus dichos”. Incluso, el asesor de política migratoria criticó que el organismo de la ex Presidenta “ni siquiera se acercó a las autoridades para pedir información al respecto, lo que no constituye una práctica habitual”.

El duro trato con Chile dado por la oficina que lidera la ex Mandataria contrasta con la manera de actuar que la misma entidad ha tenido con México, particularmente con las políticas llevadas a cabo por la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Más aún, luego de que el Presidente azteca decidiera endurecer su política migratoria. Algo que se ve reflejado en la cifras de extranjeros deportados durante el pasado abril: 15.000 migrantes, de los cuáles 11.800 fueron expulsados durante las tres primeras semanas de ese mes. Lo que reflejó un aumento del 55,4% en comparación al mismo mes de 2018, en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto deportó a 9.650 personas.

Una medida que AMLO tomó a menos de un mes de que Bachelet viajara México para apoyar el Plan Nacional de Seguridad y Paz impulsado por el Jefe de Estado, que fue la base de programa de gobierno. Se trató de la primera visita oficial de Bachelet como máxima autoridad del organismo de DD.HH. de la ONU, instancia en la que la ex Presidenta afirmó: “La decisión gubernamental de cambiar el rumbo de la política migratoria del anterior gobierno, centrada en la detención y la deportación masiva de personas migrantes (…) es un paso positivo“.

Incluso, la ex Mandataria cuestionó las medidas tomadas durante la administración de Peña Nieto sobre las que señaló que criminalizan a un “grupo ya de por sí muy vulnerable, alienta el tránsito por rutas clandestinas y hace a las personas migrantes y solicitantes de asilo una presa más fácil de la delincuencia organizada”.

Bachelet mantiene una cercanía ideológica con el líder del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y ese no fue el primer encuentro que sostenían. El 1 de agosto de 2017, López Obrador, quien era entonces candidato presidencial de su colectivida, visitó a la ex Jefa de Estado en La Moneda para “compartir puntos de vista sobre la situación económica y de desarrollo social”.

Andrés Manuel

@lopezobrador_

Mantuvimos una amistosa plática con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.

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Este año, dos semanas después de la visita de Bachelet -que se llevó a cabo entre el 4 y 9 de abril-, el Presidente López Obrador señaló sobre los extranjeros que llegaban al país que “no queremos que tengan libre paso y no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de seguridad“. Frase que el Jefe de Estado realizó un días después de que la policía detuviera grupo de 367 indocumentados, mayoritariamente hondureños, en el estado de Chiapas.

Medios y organismos sociales manifestaron la contradicción del gobierno mexicano, que en campaña había prometido “puertas abiertas” y luego llevó a cabo medidas incluso más duras que su antecesor.

En tan solo tres meses, las posturas del gobierno mexicano han sido tan contradictorias que parecen ordenadas por dos mandatarios diferentes (…). El caso es que Peña Nieto nunca prometió lo que AMLO: fronteras abiertas, paso libre y trabajo en México para los migrantes”, señala el periodista Óscar Martínez en una columna en The New York Times.

Ante eso, AMLO se ha defendido: “No hay contradicción, hemos actuado con mucho respeto a los migrantes, y lo vamos a seguir haciendo, con respeto a sus derechos humanos”, dijo. Pero la afirmación quedó en el pasado el jueves 2 de mayo, cuando el gobierno mexicano anunció que aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por México y lograr “que únicamente emigren quienes deseen hacerlo por voluntad y no por necesidad“.

Las críticas de las ONG pro migrantes al gobierno de López Obrador

Los cuestionamientos a la política de López Obrador en materia migratoria se arrastran por lo menos desde comienzos de este año. Ya en febrero, la ONG Médicos sin Frontera denunciaba que el gobierno había maltratado a 1.700 extranjeros. En concreto el organismo afirmó que durante el tercer fin de semana de ese mes autoridades mexicanas impidieron durante varios días que colaboradores de la entidad pudieran ingresar a una fábrica abandonada en la localidad de Piedras Negras donde se había refugiado un grupo de migrantes.

La ONG comentó en la que ocasión que los extranjeros fueron “rodeados por la Policía y los militares mexicanos y se les prohibió salir de las instalaciones”, para luego ser trasladados a “ciudades fronterizas inseguras en México, donde los migrantes a menudo son atacados y son extremadamente vulnerables al crimen y la violencia”.

El coordinador de programas de Médico sin Fronteras México, Sergio Martín, afirmó a Europa Press, que “la forma en que las autoridades mexicanas han tratado a los migrantes en Piedras Negras es inaceptable“.

A mediados de abril, otra ONG levantó la voz: Pueblo Sin Fronteras, quienes acusaron al gobierno de AMLO de haber utilizado las caravanas de migrantes para justificar acciones para salvaguardar la seguridad “que de respeto a derechos humanos”. Y argumentaron que la política migratoria impulsada por López Obrador “busca provocar un cuello de botella en el sur de México, provocando desesperación (…) para así legitimar una política migratoria con un enfoque de seguridad nacional más abierto“.

Críticas que se repitieron luego de que el Mandatario realizará el anuncia del cambio en materia de extranjería. Ese mismo día, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano afirmó que se trataba de “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”. Y cuestionó los operativos realizados por el gobierno señalando en ellos “se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar a la migración”.

Con ese mismo enfoque, The New York Times publicó una lapidaria columnadel periodista Óscar Martínez, autor de “Los migrantes que no importan” y “Una historia de violencia”. En el texto “AMLO engañó a una multitud de migrantes”, Martínez afirma que “en tan solo tres meses, las posturas del gobierno mexicano han sido tan contradictorias que parecen ordenadas por dos mandatarios diferentes“, y comparó la actual gestión con la del ex Presidente del PRI. “El caso es que Peña Nieto nunca prometió lo que AMLO: fronteras abiertas, paso libre y trabajo en México para los migrantes“, afirmó uno de los reporteros que ha seguido más de cerca el tema migratorio.

Aunque este no es el único flanco abierto que debe enfrentar López Obrador. El pasado lunes -y a un mes de la visita de Bachelet a México-, más de 100 organizaciones y defensores de derechos humanos firmaron una carta en la que le solicitaban a la Alta Comisionada para los DD.HH. que realizara “un informe de hallazgos de su reciente visita a México”, con recomendaciones puntuales para “revertir los problemas estructurales (que) promueven la repetición de violaciones a derechos humanos”.

También, acusan al Presidente mexicano de no haber “presentado con claridad alguna política integral” para investigar y sancionar los delitos y reparar a las víctimas en México de “violaciones graves a derechos humanos y crímenes atroces”,  y que, por el contrario, “la situación de violencia e inseguridad se sigue agravando en el país”.

Todo ello, pese a que fue precisamente en su visita en abril, que Bachelet le dio el visto bueno a la nueva política de seguridad de AMLO. Dijo que su oficina los asesoraría y subrayó su apoyo a López Obrador: “La creación de la Guardia Nacional puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policialde naturaleza civil capaz de lidiar con el inconmensurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes de narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos”.

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