“Que Fuente-Alba lo haga, que tiene computador”. Eso dice haber escuchado un visitante del Batallón de Policía Militar N° 1 de Santiago -ubicado en Peñalolén- cuando un interno del recinto, destinado a prisiones preventivas de militares, se refería al excomandante en Jefe del Ejército general (r) Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, preso en el lugar desde el 14 de febrero.
En la cultura y el lenguaje castrense, los grados se mantienen hasta el final: pase lo que pase los exuniformados siguen llamándose por el último cargo que ostentaron en su institución. Es un signo de jerarquía y respeto.

Sin embargo, con Fuente-Alba se perdió esa tradición. Ninguno de sus excompañeros de armas, ni los funcionarios del recinto lo llaman “mi general”. Lo hacen por su apellido. A secas. Para algunos, particularmente sus cercanos, esta situación grafica el purgatorio en el que transita quien tan solo hace cinco años, el 9 de marzo de 2014, era despedido con honores desde las filas militares.

Fuente-Alba hoy enfrenta una compleja acusación: la apropiación de $ 3.500 millones correspondientes a gastos reservados desviados desde la Comandancia del Ejército a su patrimonio personal.
Han pasado 94 días desde que el general (r) perdió su libertad. El 19 de febrero la ministra Romy Rutherford lo procesó por malversación de caudales públicos y desde entonces el excomandante reside en el Batallón de Policía Militar. Ha pedido en tres oportunidades su libertad bajo fianza, pero esta se le ha negado tanto por la jueza como por la propia Corte Marcial.

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