Solo horas después de que la hija de Camilo Catrillancanaciera en la comuna de Ercilla, la fiscalía puso fin a la investigación por el homicidio de su padre. Así, hoy el fiscal jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de Temuco, Roberto Garrido Bedwell, presentó la acusación contra ocho formalizados en el caso del homicidio del comunero mapuche.

En la acusación, a la que accedió La Tercera, el fiscal Garrido solicitó una pena total de 15 años de presidio para el sargento acusado de matar a Catrillanca. Se trata del exgope Carlos Alarcón. El desglose, según se lee en el escrito, incluye diez años y un día por el delito de homicidio simple consumado. A ese ilícito se suman otros cinco años de presidio por el delito de homicidio simple frustrado. Esta última imputación tiene que ver con el menor de edad de siglas M. A. P. C. quien acompañaba ese día a Catrillanca en el tractor.

Para el exuniformado Raúl Ávila, el fiscal Garrido solicitó la imposición de una pena de cuatro años de presidio por el delito de apremios ilegítimos, tres años y un día más la multa de 21 UTM por el delito de infidelidad en la custodia de documento; y finalmente 300 días de presidio y multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.

En el caso de los exefectivos del Gope Patricio SepúlvedaBraulio Valenzuela, el Ministerio Público presentó acusación por el delito de obstrucción a la investigación pidiendo 300 días de presidio y una multa de 6 UTM.

La acusación continúa contra cuatro formalizados más. A Manuel Valdivieso -exjefe del Gope en La Araucanía- y a Gonzalo Pérez -conductor del vehículo en que se desplazaban los cuatro excarabineros- se solicitó una pena de tres años y un día más una multa de 21 UTM por el delito de infidelidad en la custodia de documentos y de 300 días de presidio con una multa de 6 UTM por obstrucción a la investigación.

Finalmente al coronel (R) Jorge Contreras se le pidió una pena de tres años y un día por el delito de falsificación de instrumento público y 300 días de presidio por obstrucción a la investigación. La acusación culmina con el abogado de Carabineros Cristián Inostroza, a quien el Ministerio Público acusó por el delito de obstrucción a la investigación pidiendo 300 días de presidio, una multa que llega a 17 UTM y seis años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Chadwick declarará como testigo

Para comprobar todos estos delitos, la fiscalía incluye un listado de 73 testigos, 36 peritos y 150 documentos y evidencias.

Entre los testigos se incluyen al ministro del Interior, Andrés Chadwick, al subsecretario de la cartera Rodrigo Ubilla, al senador (Evópoli) por la zona, Felipe Kast, al exintendente de La Araucanía Luis Mayol y también al exgeneral director de Carabineros, Hermes Soto. Todos ellos son pieza clave para dejar en evidencia la serie de mentiras que se montó por parte de la policía uniformada para tapar el homicidio del comunero mapuche.

El caso que complicó al gobierno y al Ministerio del Interior explotó el 14 de noviembre del año pasado. Lo que partió como una denuncia por el robo de tres vehículos en Ercilla terminó con la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca luego de un enfrentamiento con uniformados del Gope de Carabineros en la localidad de Temucuicui.

Los hechos desencadenaron una serie de repercusiones políticas que golpearon fuertemente a La Moneda, a Chadwick, a Ubilla, a Mayol y al entonces general director de Carabineros Hermes Soto. Además provocó que se pusiera fin y se retirara de la zona el llamado Comando Jungla.

A los pocos días del homicidio, se reveló lo que fue una seguidilla de mentiras por parte de la policía uniformada. En una entrevista con La Tercera, Soto afirmó que “no tenemos la imagen de cómo se produce ni cómo se efectúan los disparos”.

Esto mismo declararon en conjunto ante la fiscalía, a pocas horas de ocurrido el enfrentamiento, los exefectivos del Gope Ávila, Alarcón, Sepúlveda y Valenzuela. Ellos mismos volvieron a repetir esta versión ante el general (R) director el 16 de noviembre en la comisaría de Pailahueque.

Sin embargo, nada de eso fue cierto. Días después la información fue desmentida por Chadwick quien, luego de una reunión con el mismo Soto, dijo que el exgeneral director le informó que uno de los Gope involucrados en el tiroteo sí contaba con una cámara y agregó que la tarjeta de memoria se destruyó.

A medida que avanzaba el caso quedó al descubierto que existían varias grabaciones del tiroteo. Todas estas evidencias fueron ocultadas al Ministerio Público y también al mismo Soto. De hecho el exgeneral director de Carabineros terminó siendo destituido de su cargo luego de que se filtrara un video del procedimiento el cual dejó en evidencia que sus propios subalternos le habían mentido en reiteradas ocasiones.