La Cláusula Democrática del Mercosur -también conocida como Protocolo de Ushuaia- es un documento que establece la suspensión de cualquiera de sus integrantes en caso de ruptura del orden democrático. Fue suscrito originalmente por los miembros fundadores en 1998 en la capital de la provincia argentina de Tierra del Fuego y más tarde firmado por Bolivia y Chile.

El sábado, en una conferencia de prensa ofrecida por los cancilleres de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el Mercosur activó la cláusula democrática en Venezuela por “la falta de separación de poderes” bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Venezuela ratificó su compromiso con el Protocolo de Ushuaia en 2005, antes de solicitar formalmente su ingreso al Mercosur en 2006, y de su completa integración en el año 2012. De acuerdo con los cancilleres, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia venezolano de asumir las funciones de la Asamblea Nacional rompe con ese principio.

Los cancilleres del Mercosur (Télam)

Los cancilleres del Mercosur (Télam)

Los puntos de la cláusula democrática del Mercosur

El Protocolo de Usuahia contiene 10 artículos que establecen cómo se debe proceder ante la suspensión de cualquiera de los firmantes en caso de una ruptura del orden democrático. Entre ellos:

-El Mercosur promoverá consultas entre sí y con el Estado en cuestión que, de resultar infructuosas, implicarán consecuencias: desde la suspensión del bloque hasta sanciones económicas.

-Para que ese proceso se desarrolle, la decisión debe tomarse por consenso entre los países integrantes.

Las medidas aplicadas cesarán cuando se compruebe que se restableció el orden democrático.

El Mercosur ha apelado a dicho mecanismo en una sola oportunidad, cuando el Legislativo paraguayo destituyó al presidente de ese país, Fernando Lugo, en el año 2012. Paraguay estuvo suspendido hasta 2013.

En 2011 se firmó un nuevo protocolo conocido como Ushuaia II, en el que se especifica más aún la activación del mismo. Incluye nuevas disposiciones como “amenaza de ruptura”, “violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

Esta reforma aún no está en vigencia, pues no ha sido ratificada por los congresos de todos los estados firmantes.

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