El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, declarará el próximo 25 de febrero ante la fiscalía en calidad de imputado por presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el estallido social de 2018. Esto, luego de que en primera instancia el uniformado había sido requerido como testigo, pero la ampliación de la querella en este caso cambió su calidad y la del ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

La investigación la lleva adelante la fiscal de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien busca determinar si existieron delitos de lesa humanidad como parte de una política de Estado, por lo que ha revisado los protocolos, medidas y todas las actuaciones de Carabineros.

Ricardo Yañez fue requerido puesto que durante el estallido social oficiaba como jefe nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y envió una serie de correos electrónicos donde recuerda la aplicación de protocolos en el marco de los derechos humanos, consignó El Mercurio. En uno de ellos, con fecha 25 de octubre de 2019, destacó que había que “ejecutar la totalidad de los procedimientos policiales con estricto apego a la ley y normativa vigente”.

A eso sumó que se tenía que llevar un registro escrito y audiovisual de las actuaciones de los uniformados, advirtiendo que “los mandos operativos deberán tener presentes las implicancias y responsabilidades respecto del uso de armas de fuego, debiendo limitar su accionar exclusivamente respecto de aquellos requisitos legales que así lo permiten”.

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