Las repercusiones y el debate sobre las implicancias políticas e institucionales de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anula las atribuciones de la Asamblea Nacional opacaron al que podría haber sido el motivo de fondo del gobierno de Nicolás Maduro detrás de esa decisión.

Lo cierto es que el jueves el TSJ estableció, entre otras cosas, que “ante el desacato de la Asamblea Nacional (…) no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

La sentencia 156 busca sortear la disposición constitucional que establece que el Congreso debe aprobar los contratos de “interés público nacional” con firmas foráneas. Esto sólo se volvió un problema para el gobierno en diciembre de 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática (MUD) ganó la mayoría de la Asamblea Nacional.

Una marcha atrás parcial

Tras dos días de crisis interna y de presión internacional, el TSJ emitió dos nuevas sentencias que devuelven las competencias a la Asamblea Nacional, como respuesta a un pedido de Nicolás Maduro de revisar el fallo que disolvió el Parlamento. Sin embargo, la marcha atrás no incluyó a las polémicas “expresas mixtas” en el área petrolera. 

“Se dio marcha atrás con la anulación de la Asamblea, pero el resto de la sentencia sigue en pie, puntualmente la disposición que establece que el Ejecutivo no deberá someter al legislativo la constitución de empresas mixtas, explicó a Infobae el analista internacional Andrei Serbin Pont.

De acuerdo con el especialista, el Gobierno logró su objetivo en la medida en que “hoy todo el mundo habla del golpe, nadie menciona que las empresas mixtas sigue en pie”.

El dato no es menor en el contexto de la delicada situación de la economía venezolana, y posiblemente por ese motivo el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, mientras rompía el dictamen del TSJ, advertía a las compañías extranjeras que no hagan acuerdos con el gobierno chavista.

Tampoco es menor el hecho de que el gobierno de Maduro está desandando el proceso de nacionalizaciones en la industria petrolera, pieza angular de la política e incluso del discurso del fallecido Hugo Chávez.

Es que las empresas mixtas son, efectivamente, el mecanismo creado por el chavismo para hacer negocios con los tan denostados “intereses extranjeros”. Aunque no es nuevo, sí se ha vuelto crucial ante la aguda crisis venezolana. 

Julio Borges rompiendo la sentencia del TSJ (Reuters)

Julio Borges rompiendo la sentencia del TSJ (Reuters)

El objetivo estratégico de Maduro, entonces, es facilitar las inversiones extranjeras en la atribulada industria petrolera del país, actualmente afectada por la falta de liquidez.

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