Cerca de las 20.30 horas de este lunes y tras una extensa audiencia, el juez de garantía de Panguipulli, Felipe Muñoz, decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el carabinero identificado como J.G.I, que dio muerte al malabarista Francisco Martínez Romero el pasado viernes, a quien imputaron el delito de homicidio simple.

En ese sentido, el magistrado argumentó su decisión señalando que los antecedentes del caso confirman la tesis de homicidio simple emanada desde Fiscalía, tomando en cuenta que “el último disparo (del carabinero) no está amparado por el derecho”.

Al respecto, el juez sostuvo que al ser el último tiro el que produjo la muerte del malabarista, en circunstancias en que este iba cayendo al suelo, el oficial “pudo atenerse a la norma solo con evitar el último disparo”.

Con lo anterior, pese a que negó que existiera legítima defensa por parte del funcionario policial, el magistrado descartó violencia innecesaria por parte de este y disparo injustificado, considerando que el carabinero fue agredido por el artista callejero.

Por su parte, tanto el abogado particular de la familia como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) anunciaron que apelarán a la decisión, buscando la prisión efectiva del imputado. En tanto, el tribunal fijó en cuatro meses el plazo para la investigación.

Cabe recordar que la audiencia se inició pasado el mediodía, con la intervención del Fiscal Regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, quien, tras realizar una exposición de los hechos, solicitó al tribunal que imputara al carabinero por homicidio simple y que éste quedara con la medida cautelar finalmente acogida.

Durante su intervención, el persecutor indicó que el último de los seis disparos que realizó el funcionario policial contra Martínez fue “innecesario” y que “excede la necesidad racional del medio empleado por el imputado para impedir o repeler la referida agresión”, desestimando de ese modo la legitima defensa.

Tras un receso, fue el turno del abogado representante de la familia de la víctima, Rodrigo Román, aseguró que la actuación del policía fue “una ejecución extrajudicial (…) En ningún caso estamos en presencia de un homicidio simple”, por lo cual solicitó la prisión preventiva y que el juez determinara un homicidio calificado.

Luego se dio la palabra a los abogados del Instituto Nacional de DD.HH., los cuales se hicieron parte de la causa para alegar una violación a los DD.HH. en la muerte del joven. Una de sus juristas, Elisabeth Matthei, detalló los argumentos del organismo y destacó que el policía nunca estuvo en riesgo, ya que los machetes no tenían filo.

“El malabarista los tenía tomados desde la hoja y no desde la empuñadura al momento de abalanzarse hacia carabineros, lo que comprueba que no eran un peligro real (…) en la punta están redondeados, no tienen punta con filo”, desestimando con ello, al igual que la Fiscalía, la teoría de la legitima defensa.

Finalmente, se dio la intervención del abogado defensor, Pablo Ardouin, quien sostuvo que todas las vidas son valiosas, incluida la de su representado y que “recibe protección desde el ordenamiento jurídico, con la legitima defensa”.

En ese contexto, ante la solicitud de los querellantes de solicitar prisión preventiva, indicó que “no se dan los requisitos, no es una persona que se vaya a fugar. No se pone en riesgo la vida de otras personas, tiene una familia. No se justifica el arresto domiciliario total ni la prisión preventiva”.

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