El viernes 31 de mayo, a las 11.45 horas, el contralor Jorge Bermúdez citó de manera extraordinaria y sorpresiva a su oficina al jefe de la Dirección de Análisis Contable (DAC) de la Institución, Patricio Barra. Apenas entró al despacho, el ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile con un máster en Economía Aplicada en esa misma casa de estudios, fue notificado por Bermúdez de su desvinculación inmediata del cargo que desempeñaba desde el 2011. El motivo: “pérdida de confianza”.

Por más que en varias ocasiones Barra le preguntó a Bermúdez cuál era el fundamento de su despido, el contralor guardó silencio.

Sólo minutos después, la jefa de personal de Contraloría comunicaría el despido de otros dos jefes de áreas dependientes de Barra. Se trata de los ingenieros civiles industriales de la Universidad de Chile, Ignacio Tapia -quien se desempeñaba hasta ese momento como jefe del Área de Estudios Financieros- y Pablo Soto -Jefe del Área de Información Contable y de apoyo a la Planificación, de la DAC.- A ellos ni siquiera se les explicó el motivo por el que se les cesaba en los cargos.

Son los tres funcionarios de la DAC que el 28 de febrero pasado se reunieron con Bermúdez en dos ocasiones el mismo día para alertarlo de un grave problema que se había detectado en las auditorías que estaban realizando las contralorías regionales a la gestión municipal. Con un informe en mano, que incluía un análisis comparativo de varios casos, Barra, Tapia y Soto le explicaron a Bermúdez que los auditores no estaban utilizando una única fórmula contable para hacer los cálculos de déficit y superávit. Dependiendo de los criterios empleados, indicaron, se llegaba a resultados completamente diferentes.

Esta anómala situación, que por entonces afectaba a varios municipios, algunos con consecuencias serias, como en el caso del Municipio de Viña del Mar, donde la auditoría de 2017 efectuada por la Contraloría Regional de Valparaíso arrojó un déficit de más de 17.500 millones de pesos -y por el cual la alcaldesa Virginia Reginato, enfrenta en estos momentos un juicio de destitución en el Tribunal electoral de Valparaíso- fue revelado en un artículo publicado el 31 de marzo pasado en Reportajes de La Tercera.

En esa ocasión, el contralor Bermúdez negó públicamente que la institución estuviera aplicando fórmulas o criterios diferentes en sus auditorías. “Aquí no hay ninguna distinta vara para medir a nadie. Lo que nosotros hemos hecho en la Municipalidad de Viña del Mar, en La Florida, en Illapel, en Las Guaitecas, en Lo Espejo, es aplicarla metodología que siempre ha aplicado la Contraloría”, argumentó Bermúdez.

El 3 de abril pasado, ante los miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, quienes lo habían citado para que explicara lo que estaba ocurriendo respecto de las auditorías a los municipios, Bermúdez volvió a negar que se estuvieran utilizando criterios diferentes de medición.

Las respuestas de Bermúdez, sin embargo, se contradicen con los informes internos originados en diferentes reparticiones de la Contraloría y que sí constataban el uso de fórmulas contables diferentes, que eran empleadas de manera discrecional por cada contraloría regional, por lo que se requería que se uniformara un criterio único a nivel nacional.

En marzo pasado, durante la investigación previa a la publicación de ese artículo, Reportajes solicitó una versión de los hechos a Barra, Tapia y Soto. Los tres funcionarios, sin embargo, se negaron a declarar. “Nosotros actuamos lealmente, lo que correspondía era alertar al Contralor General de lo que habíamos detectado y plantear la necesidad de una solución y eso fue lo que hicimos”, afirman ahora.

Jefe de DAC se ha negado a acatar el despido

Hoy, en cambio, se sienten liberados de dar a conocer detalles de lo que ocurrió el 28 de febrero pasado en la sala 216 de la División de Análisis Contable de la Contraloría, cuando se reunieron con Bermúdez. “Nosotros le dijimos que le íbamos a mostrar las anomalías del cálculo en la auditoría y déficit de Viña del Mar y su reacción fue: ‘Y me van a decir que la auditoría de déficit de La Florida está mal también’. Ahí Bermúdez golpeó la mesa con su puño. Nosotros no habíamos levantado el tema de La Florida, ni siquiera habíamos hecho los cálculos en ese caso, pero él puso el tema gritándonos ‘¿ustedes no han visto que Carter (Rodolfo, alcalde de La Florida) puso un inserto a página completa en el diario en mi contra? Se imaginan las consecuencias para mí si se filtra que el cálculo está mal’. La preocupación de Bermúdez siempre estuvo en cubrir los casos de esos dos municipios (Viña del Mar y La Florida), al menos a nosotros jamás nos preguntó o planteó algo respecto de los otros municipios con el problema”, señala Patricio Barra.

A tres meses de la reunión en que alertaron a Bermúdez sobre la existencia de este problema y al ver que no había solución, los tres funcionarios de la DAC dirigidos por Barra recopilaron antecedentes de nuevas auditorías municipales hechas esta vez en 2018 y cotejaron las fórmulas empleadas, constatando que la Contraloría seguía empleando distintos criterios en los cálculos contables.

Esta vez no alcanzaron a denunciarlo. El viernes, Barra, Tapia y Soto fueron despedidos. Los dos últimos firmaron su renuncia. Barra en cambio, se ha negado a acatar la sanción decretada por Bermúdez y hoy se presentó en su la oficina. El contralor tiene 48 horas para declarar vacante el cargo de jefe de la División de Análisis Contable, medida a la que Barra podría apelar ante tribunales.

“No nos quieren decir que los despidos hayan sido en represalia por la información que hizo pública Reportajes de La Tercera el 31 de marzo pasado, pero es posible presumirlo. Aquí ni siquiera se realizó un sumario”, señala Ignacio tapia, quien fuera hasta el viernes el jefe del Área de Estudios Financieros de la Contraloría.

Según Barra, Tapia y Soto Bermúdez no podía sancionarlos antes, pues los tres estaban a cargo de la preparación del Informe de Análisis Financiero del Estado, el que por obligación legal Bermúdez debe presentar cada año antes del 30 de abril. Un informe de toda la gestión financiera de todas las reparticiones del Estado y que se entrega al Jefe de Estado, y a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, por lo que su función era indispensable hasta entonces.

Requerimiento de Integridad

El viernes pasado, en cumplimiento de la obligación legal que tiene los funcionarios públicos de denunciar hechos de carácter irregular, “especialmente aquellos que vulneran el principio de probidad”, los tres funcionarios de la DAC presentaron un “requerimiento de integridad” ante la oficial de Integridad de la Contraloría, denuncia que deberá ser analizada ahora por el Comité de Integridad del organismo contralor.

“Se ha sostenido por distintos medios institucionales por parte de la autoridad máxima de Contraloría que el informe de auditoría de Viña del Mar está correcto en términos técnicos, y además se afirmado públicamente que esa metodología es uniforme en todas las Contralorías Regionales. Sin embargo, a esta fecha, he accedido a información que me permite aseverar que existe una grave anomalía en todo esto y que podría constituir algún tipo de falta, o eventualmente presunción de delito”, señala Barra en el requerimiento que interpuso contra Bermúdez y que fue firmado por los otros dos funcionarios despedidos.

El requerimiento relata que el 28 de febrero pasado en dos ocasiones, a las 10.30 horas y luego las 14:30 horas, le explicaron a Bermúdez los errores que se habían cometido en las auditorías.

“La situación de mayor gravedad radica en que la máxima autoridad de la Contaloría General de la República (CGR), el día 29 de marzo, llamó a una reunión a las 13:00 a esta jefatura junto al jefe de Auditoría, e indicó que lo errores que a mi juicio existen en los informe de auditoría en la determinación del déficit municipal de Viña del Mar ‘no eran tales’ y que la ‘aparente’ disparidad de criterios de los distintos informes de déficit municipal de cada contraloría regional, tampoco eran tales. En razón de ellos, la máxima autoridad de Contraloría dio la orden de cambiar la minuta de análisis y ‘darle un paraguas (cobertura) a todas las fórmulas diferentes aplicadas en las distintas regionales’”, relata Barra en el requerimiento al que tuvo acceso La Tercera.

Según los tres funcionarios sancionados, todo esta historia comenzó el 10 de octubre de 2017 “cuando la división de auditoría de la Contraloría Metropolitana N°1 determinó, en su informe 552 de 2017, un déficit de 1.077 millones para el municipio de Lo Prado. Los auditores determinaron esa cifra utilizando como base de cálculo los ingresos percibidos, menos gastos ejecutados. El 9 de enero, el alcalde de Lo Prado responde a las observaciones que hizo Contraloría, señalando que los auditores habían cometido la ‘inadvertencia de no haber considerado el saldo inicial de caja en la fórmula de cálculo’. Esto motiva que a mediados de 2018, la División de Análisis Contable reciba de la Contraloría Metropolitana una solicitud de pronunciamiento metodológico de cómo calcular el déficit presupuestario, en atención, nos dicen en el pase interno, ‘a las constantes auditorías y a la necesidad de homologar criterios entre ellas’. Es la función de auditorías de la Contraloría la que estaba constatando y era consciente de que había disparidad de fórmulas entre las distintas contralorías regionales”, señaló Barra.

A partir de esa solicitud, durante buena parte de 2018, la División de Análisis Contable recopiló antecedentes de las distintas auditorías de déficit en los municipios del país. “Efectivamente llegamos a la conclusión de que existía una evidente disparidad de fórmulas que se usaban según cada contraloría regional. Por eso le pedimos la reunión al Contralor Jorge Bermúdez y le hicimos saber que habíamos encontrado esta situación y le planteamos la urgente necesidad de generar una estrategia de solución para un problema que es muy grave, que se diera uniformidad a la fórmula de auditar a las municipalidades”, señala Barra.

Entre los antecedentes que tuvieron a la vista para hacer el análisis, explica Ignacio Tapia, jefe del área de Estudios Financieros, unidad que depende de la DAC, estuvieron algunas auditorías del 2018 realizadas por contralorías regionales, y donde se persistía en el mismo problema a raíz del uso de fórmulas diferentes.

En el caso de la Municipalidad de las Guaitecas, por ejemplo, la auditoría de 2018 arrojó un déficit de $43.613.073, cifra a la que los auditores de la Contraloría Regional de Aysén llegaron calculando ingresos percibidos menos gastos devengados. En el informe de Auditoría N° 46 de 2018 a la Municipalidad de Estación Central, la Contraloría Regional Metropolitana 1, en cambio, utilizó la fórmula de saldo inicial de caja más ingresos percibidos menos los gastos pagados, lo que arrojó un déficit en el presupuesto municipal de $1.757.836.761. Así mismo, en las auditorías realizadas a los municipios de San Joaquín y Cerro Navia, que también usaron en su análisis, se utilizaban criterios completamente diferentes para determinar el déficit.

“Ninguno de los criterios que estaban empleando los auditores correspondían a los que nosotros habíamos establecido y que se fundan en el tenor de la ley. Esto es muy grave”, afirma Tapia.

Los funcionarios de la DAC elaboraron un cuadro comparativo que le exhibieron a Bermúdez para explicarle las consecuencias que tenía el uso de criterios diferentes. En el caso de Estación Central, si se hubieran usado los criterios de la Contraloría de Aysén y no de la Contraloría Metropolitana 1, el déficit del 2018 bajaba de más de mil 757 millones de pesos a sólo 216 millones de pesos.
El cuadro también incluye la situación del Municipio de Viña del Mar, donde la alcaldesa Virginia Reginato enfrenta en el Tribunal Electoral un juicio de destitución a raiz de los resultados del informe de auditoría de la Contraloría Regional de Valparaíso que arrojó un déficit de más de $17.585.millones de pesos para el periodo 2017. “En ese caso se utilizó la fórmula de ingresos percibidos menos gastos devengados. si se hubieran utilizado los criterios de la Contraloría Regional de Aysén, el déficit del municipio de Viña del Mar hubiera sido de 401 millones de pesos, si la auditoría la hubiera hecho la Contraloría Metropolitana de acuerdo a sus criterios, el resultado en Viña del Mar habría arrojado un superávit de más de $5.314 millones de pesos”, detalló Tapia.

No eran los únicos al interior de la Contraloría que eran conscientes de que se estaban usando fórmulas diferentes en las auditorías a los municipios y que eso estaba provocando serios problemas. “El 8 de febrero de 2019, por escrito, la subjefa de la Dirección Jurídica, María Soledad Frint, autorizó a la subjefa de la DAC, Yolanda Bascuñán, a que establezcan una fórmula única y se capacite a todos los auditores “a fin de uniformar los criterios a nivel nacional”.

“Para entonces ya había a los menos dos áreas distintas, aparte de la nuestra, que constataban la existencia del problema de que se estaban utilizando fórmulas distintas en las auditorías”, dice Barra.

El 25 de febrero pasado, el jefe de División de Auditorías, Eduardo Díaz, por medio del pase interno N°14 de 2019, le solicita a Barra que la respuesta a la solicitud de la Contraloría Metropolitana le sea enviada directamente a él y no a quienes habían originado el pronunciamiento metodológico. Algo que llamó la atención de los funcionarios.

El 22 de marzo, siguiendo las instrucciones que recibieron de la jefatura de la Contraloría, la DAC le remite a Díaz la respuesta al pronunciamiento metodológico y establecen una fórmula única para las auditorías de cálculo de los déficit municipales que es el que consideran técnicamente correcta, en base al Decreto Ley 1263 de 1975, que considera el saldo inicial de caja, más ingresos devengados, menos los gastos devengados. “Esto lo hicimos con la finalidad de que la Dirección de Auditorías de la Contraloría emita un lineamiento general y tengamos una fórmula a nivel nacional y no se sigan usando criterios diferentes para cada auditoría la contralorías regionales”, explica Barra.

Desde entonces, explican los tres funcionarios sancionados, quedaron a la espera de que Bermúdez diera a conocer el lineamiento general sobre una fórmula única.

“Hasta ahora no tenemos conocimiento de que Bermúdez haya emitido ese lineamiento general para uniformar a todos los auditores”, señalan.

En Contraloría señalan que el 28 de mayo Bermúdez firmó un instructivo que imparte reglas a las municipalidades sobre cálculos de superávit y déficit. El organismo niega que se hayan utilizado fórmulas disímiles.

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