“Me dijeron que Carabineros determina que yo ya no estaba expuesto, y por eso no necesitaba tener escolta. Considero que no se me debería haber dejado sin escolta, no veo la diferencia, sigo teniendo amenazas. Hice el reclamo a (Rodrigo) Ubilla, pero se me dio esa explicación y bueno, la acepto”, asegura el diputado Ignacio Urrutia (IND).
El legislador -ex militante UDI- no es la única autoridad que dejó de tener protección directa de un funcionario policial. Desde diciembre de 2018, tras ser nombrado como la máxima autoridad de Carabineros, el general director, Mario Rozas, ordenó efectuar revisiones a los procedimientos internos y a las destinaciones de sus efectivos para labores de prevención y seguridad pública. Como resultado, el alto oficial recibió un informe que revelaba que cerca de 450 efectivos cumplían tareas de escolta presidencial y del palacio de La Moneda, y otros 85 estaban a cargo de la Protección de Personas Importantes (P.P.I.).
Así, Rozas pidió conocer los perfiles de riesgo de cada una de las autoridades que contaban con protección, a fin de determinar si esta medida continuaría o no. ¿El resultado? Se detectó que autoridades con bajo riesgo de ser atacados, mantenían por años a un funcionario a cargo de su seguridad directa. Este hecho, según altas fuentes policiales, llevó a que Rozas ordenara la redestinación de un porcentaje “cercano al 50%” de estos funcionarios.
Desde Carabineros y el gobierno aseguran que una de las prioridades planteadas por La Moneda fue reasignar funcionarios a labores operativas y preventivas, a fin de ampliar la presencia policial en las calles.
“Le pedimos a Carabineros el año pasado que hiciera un esfuerzo de reasignación de funciones administrativas, de funciones diversas para llevar a más Carabineros a las calles. Y en ese esfuerzo, el año pasado, fueron 3.700 personas, que era gente que cumplía funciones administrativas en las comisarías y también un grupo de personas que estaban en Palacio. Y esas se reasignaron para reforzar las dotaciones de comisarías”, asegura el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
La autoridad enfatiza que “Carabineros está estudiando otra adecuación, que tal vez es un poco menor que la del año pasado, pero en función de las necesidades reales se hizo una evaluación más afinada y hay dos vertientes: una de los funcionarios de la guardia de Palacio y otra que es Protección de Personas Importantes, donde está el Presidente, expresidentes y autoridades. Se está trabajando en eso”.
Otro de los parlamentarios que ya no cuenta con protección directa es el senador Pedro Araya (IND). Consultado al respecto, el legislador aclara que “estuve con un PPI pero ya dejó de trabajar conmigo hace un tiempo. A partir de este año”, detalló.
El “bajo riesgo” de los parlamentarios
Pese a que algunos parlamentarios como Urrutia han cuestionado la redestinación de sus P.P.I., lo cierto es que la medida impactará también a otros miembros del Congreso. Aunque se desconoce la cifra exacta de legisladores que podrían prescindir de escolta policial, lo cierto es que en la actualidad, de acuerdo a un informe de Carabineros entregado al Parlamento, “ninguna de las autoridades parlamentarias antes señaladas cuenta con dictámenes u/o medidas de protección emitidas por la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, los que han sido dispuestos por el alto mando institucional. Estas designaciones discrecionales serían lo que el nuevo alto mando estaría tratando de modificar, a través de denuncias presentadas ante la justicia, en el caso de que una autoridad sufra una amenaza.
Según el mismo oficio de Carabineros, enviado en febrero a la Cámara de Diputados entre los legisladores que contaban con seguridad directa estaba el expresidente del Senado, Carlos Montes (PS), quien, desde marzo, ya no contaría con esta protección al haber dejado el cargo. En su reemplazo, la policía entregó protección al senador Jaime Quintana (PPD), por “razones del cargo”.
Otro senador que también mantiene una protección policial desde 2011, por las “diversas amenazas sufridas”, es Iván Moreira (UDI). Esto, pese a que su perfil de riesgo elaborado por Carabineros muestra que el legislador mantendría un “nivel de riesgo” bajo. La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, también tiene, según el documento, a un policía a cargo de su seguridad personal, al igual que su par del Partido Socialista, José Miguel Insulza, detalla el oficio de Carabineros.
José Antonio Kast, exabanderado presidencial y fundador del Movimiento Acción Republicana, también cuenta con protección. Eso sí, aclaran en su entorno, fue la propia policía la que se la concedió tras recibir amenazas y una agresión física en Iquique en 2018.
El diputado de RN Andrés Celis, quien solicitó este oficio a Carabineros y la PDI, asegura que “cuando se destina a un funcionario de Carabineros o de la PDI para la protección de un parlamentario, tiene que ser absolutamente fundado, en un informe donde los mismos Carabineros o la justicia, instruya que tengan seguridad policial. Hoy lo que veo es que hay parlamentarios que abusan del sistema, utilizan a parte de este personal como choferes, como ayudantes”. Añadió que la práctica de solicitar protección policial “es absolutamente transversal, hay algunos parlamentarios que, incluso, tienen más de dos funcionarios de investigaciones. Hay una senadora a la que en una oportunidad la vi con cuatro funcionarios destinados a su seguridad. Hay abusos”.
¿Quiénes tienen protección policial exclusiva?
La investidura del cargo o una amenaza verosímil son algunos de los factores que inciden a la hora de que una autoridad cuente con protección policial. El Presidente de la República, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema, además del Contralor general y el Fiscal Nacional, son personeros que por sus cargos cuentan con funcionarios a cargo de su seguridad personal. A nivel político, aseguran las mismas fuentes, los ministros de Educación han contado desde hace años con resguardo debido a la alta exposición de su cargo. Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Prevención del Delito.
En el caso de las otras autoridades que cuentan con este tipo de medidas preventivas, en cambio, primero deben pasar por una evaluación de sus “perfiles de riesgo”, la cual se elabora tras la aplicación de una “matriz de riesgo”, con lo cual se justifica la decisión. Posteriormente, y en conjunto con personal de Inteligencia, se elabora un informe que considera su entorno interno (familiares, parejas) y externos (amigos, círculos sociales, grupos de influencia), a fin de determinar el peligro que corre la autoridad.
Cada informe final es manejado con reserva por el Departamento de Protección de Personas Importantes de Carabineros, el cual depende de la jefatura de zona de “Fronteras y Servicios Especiales”.
En cada reporte, que contiene, a lo menos, dos páginas, se realiza un perfil de la autoridad, donde su carrera pública, los hechos por los que ha sido conocido, su vida laboral, académica y su perfil de riesgo. En este punto la policía realiza una evaluación en dos aspectos clave: un “valor de riesgo”, que mide su cargo y exposición en una escala de 0 a 15 puntos; y un “nivel de riesgo”, con la siguiente escala: reducido, medio o alto. Ningún parlamentario registra un riesgo alto de ser víctima de un ataque, según constató este medio.
Los protectores
Quienes conocen de cerca la labor que desempeñan estos funcionarios aseguran que son tres los ejes centrales de su función: seguridad, comodidad e imagen. El primero, busca anticipar incidentes o ataques a las autoridades. El segundo, en tanto, permite que la persona protegida o “Vip” realice su vida con normalidad y, en tercer lugar, buscan no dañar su imagen pública de cercanía con las personas al contar con escoltas.
Los funcionarios que cumplen estas tareas regularmente no pernoctan en la casa de la autoridad que tiene resguardo. Es por esto que cada mañana son los primeros en llegar a sus viviendas y preparar las rutas de viaje hasta sus trabajos. Una vez finalizado el día, estos policías deben dejar a la autoridad en su residencia. En el caso de los parlamentarios con protección directa, los efectivos P.P.I. deben esperarlos dentro del edificio del Congreso hasta que finalicen sus labores legislativas.
La preparación de estos funcionarios pone énfasis en la defensa personal, uso de armas, análisis de contingencias, evaluaciones de riesgos de actividades públicas. Su formación, aseguran fuentes policiales, dura, en promedio, tres meses.
Por estas labores, según un documento elaborado por el Ministerio de Hacienda, los uniformados destinados a proteger a autoridades reciben una gratificación especial por concepto “de protección de autoridades” que asciende al 20% de su sueldo base.
Fuentes de Carabineros aseguran que una comisaría completa, que permitiría cubrir la zona de Paine y sus alrededores, necesita cerca de 50 carabineros para funcionar. En tanto, en 2018, y solo en funciones de PPI, la institución tenía más de 70 efectivos para realizar estas tareas.
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