A fines de mayo, en medio de los cuestionamientos de la oposición a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, por los mails enviados apoderados defendiendo el proyecto Aula Segura, el Partido Socialista conformó una comisión con el fin de analizar la pertinencia de una acusación constitucional contra ella, instancia que se encuentra recabando antecedentes para ver la factibilidad de la acción.

El paro nacional de profesores que está en su segunda semana configuró un escenario positivo para comenzar a plantear la alternativa del libelo, señalan en el PS.

El grupo está siendo dirigido por el coordinador de asesores de la bancada PS y exministro de la Segpres, Gabriel de la Fuente; y en él participan el diputado y miembro de la comisión de Educación, Juan Santana, el jefe de bancada Manuel Monsalve, el abogado Enrique Aldunate y el constitucionalista Francisco Zúñiga. El espacio tiene plazo para elaborar un primer informe hasta del 17 de junio.

Los elementos que estaría considerando la comisión del PS son: utilización de recursos públicos para informar acerca del sistema de admisión; el no nombramiento del director de la nueva educación pública; falta de antecedentes acerca de la implementación de la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales, y el no pago de bonos de incentivo al retiro de profesionales de la educación y de asistentes de la educación.

Defender el legado de Bachelet

“Hemos conformado un equipo de juristas al que le encargamos la tarea de ver si hay sustento que permita sostener una acusación. Políticamente nos parece que corresponde y esperamos tener un resultado de aquí al 17 de junio”, dijo Monsalve.

Santana agregó que le gustaría sumar a otros partidos de la oposición: “Esta no es una tarea solo de los socialistas sino que debe ser conversada y acordad con toda la oposición. La actual crisis ministerial no puede continuar, y como socialistas, no podemos quedar ajenos a esta situación, por lo cual iniciamos un proceso de análisis profundo respecto a la pertinencia de una acusación constitucional”.

Para ello, los diputados socialistas ya se han contactado con sus pares de otros partidos de oposición, sin embargo aún no han comenzado conversaciones formales. El punto de acuerdo hasta ahora es defender el legado de la expresidenta Michelle Bachelet en materia educacional, para lo que “es necesario frenar los retrocesos” que impulsa Cubillos.

Provoste y Beyer acusados y destituidos

El 17 de abril de 2013, por 20 votos a favor y 18 en contra, el Senado aprobó una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer, que implicó su destitución del cargo y su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años.

Cinco años antes, una situación similar enfrentó la ex ministra de Educación Yasna Provoste (DC), quien fue destituida de su cargo tras ser aprobada en una de sus partes una acusación presentada por parlamentarios de la UDI, entre ellos, la actual ministra Cubillos y RN.

Ahora, según parlamentarios socialistas, la bancada estaría de acuerdo -en términos políticos- con proceder con la acusación. Además estiman que existe sustento legal suficiente para acusar a Cubillos de notable abandono de deberes, indagando si la actuación de la ministra se acoge al Artículo 52, número 2 de la Carta Magna: “infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución”.

“Tenemos dudas respecto de la conducta de la ministra en la implementación de las leyes de nueva educación pública; centros formación técnica, incentivo al retiro para asistentes de la educación, y también en la transferencia de recursos; además de la ejecución de la Ley de presupuestos para que el sistema educacional pueda funcionar correctamente”, dijo Monsalve.

Al respecto, Santana afirmó que “ha sido de público conocimiento el injustificable retraso en distintos nombramientos, no se ha caracterizado por la búsqueda de acuerdos y se ha enfrentado con diversos actores de la sociedad civil”.

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