Parece que ya nada nos puede sorprender en estos días. Pero sinceramente, que un miembro del Poder Legislativo sea capaz de publicar en las redes sociales “En Chile la vida de un pobre no vale nada ¿cómo quieren que no lo quememos todo?” supera toda capacidad de asombro y es inaceptable por elementales razones de principios.

En primer lugar, es absolutamente falso que “en Chile la vida de un pobre no vale nada”, porque si hay un país que se ha preocupado de derrotar la pobreza, ese es Chile, reconocido nacional e internacionalmente y las cifras así lo avalan. Adicionalmente, en el país existen más de 235.000 organizaciones de la sociedad civil y cientos de fundaciones sin fines de lucro preocupadas de la solidaridad, por lo que esa aseveración es un gratuito insulto a miles de chilenos que se dedican a trabajar en la superación de la pobreza.

En segundo lugar, se supone que las autoridades deben ejercer su accionar con una conducta intachable, respetando y haciendo respetar la constitución y las leyes y no, como en este caso, justificando e incitando a que la población ejerza violencia extrema, por supuestas razones de injusticia.

En tercer lugar, es inaceptable que Catalina Pérez solo se arrepienta “de haberle dado material a la extrema derecha y a la derecha para que desvíen el foco de lo importante, como es el asesinato de civiles por parte de agentes del Estado” – como lo manifestara en una entrevista en T13 radio- y no de lo que publicó, porque “se siente parte de las y los violentados, y le violenta que el problema de la derecha sea el uso de una frase, que a estas alturas es un símbolo de la protesta callejera, más que Carabineros esté asesinando a nuestros compatriotas”.

Entonces, cuando esta parlamentaria del FA, agrupación que apenas cuenta con un 16% de aprobación ciudadana, (Cadem 8 de febrero 2021), vs el 53% del que goza Carabineros, se da el lujo de acusar a la institución de estar asesinando chilenos, no solo es un grave oprobio, sino que está incitando a que continúen los insultos, ataques a los cuarteles policiales y a menoscabar la autoridad que le permite a Carabineros hacer un legítimo uso de la fuerza cuando sea necesario hacerlo y por cierto actuar en legítima defensa, como fue el caso en Panguipulli, tal como lo calificó la Corte de Valdivia, constituyendo un verdadero atentado a la seguridad nacional.

En cuarto lugar, y respecto a quemarlo todo, ¿no interpretarán como un aval su declaración, todos los violentistas que han cometido y siguen cometiendo atentados incendiarios en el país? Esto es de una irresponsabilidad inaceptable, indigna de un parlamentario y menos aún de la presidenta de un partido político con representación popular.

Aquí no se trata “de haberle dado material a la derecha para desviar el foco de lo importante”, porque lo verdaderamente importante es que un Diputado de la República está justificando “que se queme todo”, como lo insinúa en su frase, y eso es incitar a la alteración del orden público con violencia extrema, por lo que se justificaría que se la cese en sus funciones, de acuerdo al artículo 60 de la Constitución, que en su inciso cuarto dice textualmente:

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15.º del artículo 19, cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”.

Por el bien de Chile, espero que así sea.

Jaime Jankelevich, consultor de empresas, para El Líbero

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