La denominada Unión de Presos Políticos Nicaragüense (UPPN), integrada por manifestantes opositores al régimen de Ortega y que han guardado prisión por protestar, participaron este domingo en una misa de acción de gracias por su “libertad relativa”, en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.

Desde el 27 de febrero hasta el martes pasado, el régimen sandinista ha liberado o excarcelado a unas 442 personas que estaban presas por haber participado en protestas contra el presidente Ortega, de las cuales las últimas 106 lo hicieron bajo la polémica Ley de Amnistía, que según la oposición dejará impune la represión gubernamental.

El grupo de 56 detenidos que salió el martes pasado incluyó a los principales líderes opositores, entre ellos el campesino Medardo Mairena, la comerciante Irlanda Jerez, el estudiante Edwin Carcache y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.

Aunque el Gobierno se felicitó por lo que consideró una muestra de “reconciliación”,los “presos políticos” liberados sostienen que ellos no fueron beneficiados con la Ley de Amnistía, ya que protestar no es delito en Nicaragua.

La libertad de unos 600 presos políticos es una demanda fuerte de amplios sectores de la población nicaragüense (Cortesía La Prensa/Nicaragua)

La libertad de unos 600 presos políticos es una demanda fuerte de amplios sectores de la población nicaragüense (Cortesía La Prensa/Nicaragua)

La misa organizada por la UPPN también sirvió para “exigir la liberación inmediata” de más de 85 “presos políticos” que se mantienen en los calabozos de Nicaragua, según ese grupo.

La UPPN, compuesta por manifestantes que han sido detenidos o continúan en prisión, ha exigido al régimen de Ortega el cese de asedio, detenciones y secuestros forzados a lo largo y ancho del país.

Asimismo, ha exhortado al Ejecutivo al respeto de las garantías de los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses.

Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594 y el Gobierno reconoce 199.

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