El monto a pagar y tiempo de espera para llegar al lugar acordado depende de cada caso. La ruta, que muchas veces implica absurdos desvíos, también. Concretar el objetivo no está asegurado; dependerá de los controles policiales, atacantes que puedan salir a medio camino o el mismo posible abandono de a quienes contrataron.

Aquellas son algunas de las características del tráfico ilegal de migrantes, el cual implica que el extranjero en cuestión pague a un facilitador -o “coyote”- cierta cantidad de dinero para ingresar de manera irregular al país.

Las historias no son ajenas a Chile. En menos de un año, dos importantes casos que involucraban a funcionarios públicos estallaron mediáticamente.

En diciembre de 2018 se conoció la indagatoria por el presunto ingreso irregular de 228 indios y nepaleses que tocaba al cónsul en Córdoba, Frank Sinclair, y el excónsul en Nueva Delhi, Gustavo Cantuarias.

Ya en mayo de este año situación similar ocurrió con el ex gobernador de la Provincia de Choapa, Alex Trigo Rocco; el abogado y ex alcalde DC de Los Andes, Mauricio Navarro Salinas -todos autoridades al momento de los hechos en cuestión-; además el funcionario a contrata del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álex Brito Ortiz, por el tráfico de 381 ciudadanos chinos.

Policialmente, ambos hechos se siguen desde la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) la PDI, desde que la explican que, al igual en otras áreas, el constante aumento de extranjeros al país influye en la comisión del delito.

La brigada fue creada en octubre de 2012, año en que se abrió una investigación. Ya en 2013 la cifra total fue 12, la cual se sextuplicó para 2018, registrándose así la apertura de 72 casos.

En total, desde la creación de la brigada, hasta el 31 de diciembre, los detectives abrieron 239 indagatorias. Es decir, casi tres al mes.

Otro delito tratado por los 21 policías de la unidad es, como dice su nombre, la trata de personas, el cual refiere a someter a una persona, en contra de su voluntad, a la realización una tarea que tenga fines laborales, sexuales o la extracción de órganos.

Trata y tráfico

En el caso del tráfico de personas, explica el comisario Giordano Lanzarini, jefe de la Bitrap Metropolitana, el afectado es el Estado, ya que lo que se protegen son las políticas migratorias del país.

Los migrantes, entendidos como quienes ingresan -ya sea a través de pasos habilitados o no habilitados- con documentación ideológicamente falsa que tiene como fin engañar a la autoridad contralora, son considerados objeto de delito.

Las nacionalidades detectadas bajo este delito, dice Lanzarini, dependen de los flujos migratorios: “Chile es un país muy atractivo para los migrantes no solo de Latinoamérica (…) Una de las cosas que muchos toman en cuenta es que es un país muy seguro para vivir”.

Por su parte, en la trata de personas la víctima es el extranjero, ya que es sometido contra su voluntad. Una de las diferencias del comportamiento de dicho ilícito en Chile en comparación al resto de los países cercanos, precisó Lanzarini, tiene que ver cuando la trata tiene como fin la extracción de órganos.

“Desde la existencia de esta brigada, nunca hemos tenido una investigación por trata de personas con fines de tráfico de órganos. Acá han sido por causas laborales o sexuales”, acotó. En Perú, Brasil y Colombia, en tanto, sí se han detectado casos para envío de órganos al extranjero, principalmente a países de Europa.

Algunos hechos con fines laborales, continuó, se han visto en la zona central con temporeros; mientras que con aquellos con fines sexuales se da otra situación particular: “Lo más común es la trata simple. Es decir facilitación o promoción de entrada al país con fines de explotación. Se aprovechan de la desesperación y vulnerabilidad de las personas, pero ellas saben a qué vienen”.

Otra excepción es la modalidad: “La realidad en Chile es muy dispar a la realidad de América Latina. En trata somos un país de tránsito y destino, donde prácticamente no hay trata interna. Solo hubo un caso de una extranjera captada dentro de Chile, pero la norma es que vengan de afuera”. En cuando a víctimas, añadió el policía, ninguna ha sido de nacionalidad chilena.

De objeto a víctima

Pero no todo son diferencias. De hecho, en alguna parte de ambos ilícitos generan una conexión. “Cuando hay tráfico ilegal de migrantes -explicó Lanzarini- la persona entra, está ilegal y muchas veces vulnerable. En varios casos no habla el idioma y piensa que la policía, en vez de ayudar, la va a deportar. Queda entonces muy sensible a que sean captados por tratantes y, por ende, pasan de ser objeto del trafico ilícito a ser víctima de trata de personas”.

Lo que muchos no saben, acotó, es que en ambos casos el foráneo tiene la posibilidad de regularizar su situación migratoria: “Ya está en una situación de vulnerabilidad, no se les puede abandonar”.

Hace unos días, Lanzarini fue panelista del primer encuentro temático del año realizado por la Red Pacto Global sobre la trata de personas, hoy más conocida como “esclavitud moderna”.

Según datos entregados en la instancia, en el mundo habrían cerca de 40,3 millones de “esclavos”, de los cuales 24,9 están atrapados en trabajos forzados. En Chile, en tanto, la cantidad de víctimas a 2018 se estima en 14 mil personas.

Modalidades, investigación y peligros

Las modalidades empleadas para ambos delitos van mutando constantemente, por lo que, para detectarlas y evitar su ingreso al país, los policías ven cómo estos se comporta en otros países.

Pese a ello, en Chile se han detectado tres maneras de llevar a cabo el tráfico. La principal, explicó Lanzarini, es aquella utilizada por la última organización desbaratada y que refiere a las cartas de invitación.

“La puede hacer un particular o un funcionario público. Cualquiera puede invitar a alguien de otro país, pero se trata que sean autoridades quienes las hagan porque tienen más peso y es menor la posibilidad que la rechacen”, confirmó.

En el caso de la red que habría permitido el ingreso de casi 400 chinos, las cartas aseguraban que estos venían por reuniones de trabajo.

La otra modalidad implica mostrar, al llegar al país, un falso itinerario de vuelo que contemple pasajes de ida y vuelta. El último ya es ingresar derechamente por un paso no habilitado.

Las investigaciones, iniciadas generalmente por denuncias de instituciones, consulados y órganos contralores ante alguna alerta, son de largo aliento: “Son largas porque se ven muchas cosas; no se puede hacer de una semana a otra, porque se analiza mucha documentación, dispositivos electrónicos. Se han consultas a líneas aéreas, departamentos de extranjería y otras más”.

El migrante ilegal que paga sigue a su vez caminos muy largos. Por ejemplo, el ciudadano indio que quiere llegar a EE.UU. paga hasta 30 mil dólares por un viaje que puede demorar hasta dos meses; mientras que un chino está dispuesto a pagar $5 mil dólares para llegar a Chile. En el camino, se corre el peligro de ser víctima de robo, homicidio o abandono.

“Muchos se aprovechan de la situación de estas personas que no saben todo lo que los espera”, finaliza Lanzarini.

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