El empresario Carlos Cardoen se encuentra en pleno proceso de extradición. Esto, luego de que Estados Unidos (EE.UU.) enviara el jueves 13 de junio a Cancillería una solicitud de extradición en su contra.

En la petición, que contiene más de 100 páginas, el gobierno estadounidense enumera los ocho delitos imputados. En total, suman 35 años de presidio y las multas pueden alcanzar los US$ 600 mil. Según Washington, el empresario colchagüino habría conspirado durante cinco años para exportar ilegalmente 130 toneladas de circonio hacia su fábrica en Iquique para elaborar alrededor de 13.000 bombas de racimo que luego eran vendidas a Irak, país que estaba en plena guerra con Irán. Casi la totalidad del escrito se basa en la acusación de 42 páginas que realizó el 26 de mayo de 1993 la Corte Federal de Florida.

Al respecto, la defensa de Cardoen —representada por los abogados Marcia González, Juan Pablo Hermosilla, Joanna Heskia y Juan Pablo Olmedo— salió a responder por primera vez ante la solicitud formal de EE.UU. para extraditarlo.

“Estados Unidos solicita tras 26 años la extradición de Carlos Cardoen, pese a que en reiteradas ocasiones señaló que no lo haría por carecer de fundamento. Hoy desconoce sus actuaciones previas y, de manera abusiva, pretende dar a los hechos contemplados en la acusación otra significación, sin aportar ningún nuevo antecedente e interpretando arbitrariamente un tratado internacional que entró en vigencia 15 años después de los hechos”, dicen los abogados a través de un comunicado.

Respecto de los delitos de conspiración, tráfico ilegal de circonio, declaraciones falsas y tráfico de armas, la defensa de Cardoen afirma que su representado “ha actuado en todo momento de buena fe, con total transparencia y con plena sujeción a las leyes de Estados Unidos y de Chile. Pese a lo anterior, ha sufrido graves vulneraciones de sus derechos fundamentales y se le ha negado un debido proceso durante casi tres décadas. Las actividades de la empresa de Carlos Cardoen fueron conocidas y apoyadas por Estados Unidos, como se demostrará en el proceso“.

Esto último contradice la acusación de EE.UU. en la cual se estipula que Cardoen, de forma consciente y voluntaria, “llegó a un acuerdo con una o más personas para llevar a cabo un plan ilícito común, y que el objeto del acuerdo era contravenir las leyes de exportación de los Estados Unidos”.

Los abogados del empresario además hacen referencia a la alerta roja que levantó Interpol hace 26 años: “Esta tardía solicitud de extradición ha servido de fundamento para la renovación hasta el año 2024 de la Alerta Roja contra Carlos Cardoen que Estados Unidos mantiene en Interpol, ratificando la práctica de persecución contraria a derecho vigente desde 1993”.

Finalmente, la defensa asegura que “el escenario que se abre hoy es una oportunidad para esclarecer los hechos y reparar el grave daño que se ha infringido por décadas al nombre de Carlos Cardoen y el de su familia. Finalmente, su defensa podrá demostrar la verdad a través de un debido proceso”.

Con todo, el juicio de extradición está recién comenzando. El ministro de la Corte Suprema que instruye el proceso, Carlos Aránguiz, se encuentra de vacaciones. En su remplazo lo está subrogando la suprema Andrea Muñoz quien ya dictó las primeras diligencias. La ministra citó a Cardoen —quien desde el 16 de abril se encuentra bajo arresto domiciliario total en su fundo San José del Boldal en Santa Cruz— para el próximo martes 25 de junio, en la Suprema, para tomarle declaración indagatoria.

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