¡La pesadilla de las metas presidenciales!, en eso se ha transformado la creación de miles de salas cunas y jardines infantiles, debido a la falta de cumplimiento por parte de este segundo gobierno de Michelle Bachelet, situación que, al parecer no complica a la Moneda, a diferencia de algunos funcionarios que son parte, directamente, del área de infancia o estuvieron ligados al sector y están preocupados por las irregularidades y vicios que se estarían registrando en el sistema y frente al que nadie pone coto.

En junio de 2014, Michelle Bachelet, anunció el aumento explosivo del número de salas cunas y jardines infantiles, lo que, al menos en teoría, implica en sus cuatro años de mandato, un 88% de incremento de niños en la etapa de educación inicial. Según la propia Mandataria, para cumplir ese objetivo, lo esencial era contar con mucha infraestructura, “vamos a habilitar 4.500 salas cunas nuevas en estos cuatro años”, dijo Bachelet, agregando que “no nos basta con cobertura, queremos cobertura con calidad, porque no sacamos nada con tener establecimientos, si la educación no cumple con los estándares de estimulación y aprendizaje que ellos necesitan para desenvolverse, de igual a igual, en el mundo de hoy”.

El problema, tal como  EL MURO lo ha denunciado en varios artículos, es que el proceso de creación de las salas cunas y jardines infantiles, más allá del anuncio rimbombante de Michelle Bachelet, ha estado marcado por un ambiente de  falencias, dudas y vicios que, hasta ahora, apuntaban sólo a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) como blanco de cuestionamientos. Sin embargo, las sospechas no sólo están centradas en la JUNJI, también envuelven a Integra (Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor), que pertenece y depende de la Red de Fundaciones de la Dirección Sociocultural de la Presidencia.

Y, precisamente, cuando se habla de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, aparece el nombre de Érika Silva. ¿La recuerda? Se trata de la ex Jefa de Gabinete de Sebastián Dávalos (el hijo de la Presidenta, Bachelet, el mismo que junto a su cónyuge Natalia Compagnon protagonizaron el bullado caso Caval). Si bien, en mayo de 2015, Erika Silva dejó su cargo en La Moneda y en cuya salida influyeron sus declaraciones en contra del, entonces, Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por haber tenido un manejo comunicacional lento del caso Caval), lo cierto es que mientras fue Jefa de Gabinete de Dávalos, denunció a la Fundación Integra por una serie de antecedentes que, a su juicio, eran una señal de alerta de que algo anormal estaba ocurriendo en dicha institución ligada a la educación de los menores en el país.

Fue así que Silva (quien se ha auto-definido como Bacheletista: “soy Bacheletista desde la punta de la uña de mi pie hasta este pelo que tengo acá”, dijo en mayo de 2015 al abandonar La Moneda), antes de desvincularse del Palacio de Gobierno, denunció ante la Contraloría General de la República a la Fundación Integra por la “beneficiosa” adjudicación que consiguió la empresa de construcción modular Tecno Fast S.A., en el marco de la promesa de la creación de los miles de nuevos jardines infantiles y salas cunas.

Hace, prácticamente, dos años que  la Contraloría tiene en sus manos la denuncia y aún no emite el informe final. Surgen, entonces de inmediato, algunas interrogantes: ¿Por qué la Contraloría ha demorado la entrega de las conclusiones, dilatándolo? (dijo que estaría en enero, luego en febrero y, ahora, supuestamente, en marzo), ¿por qué el mismo organismo contralor solicitó, a última hora y después de transcurridos varios meses, un informe del Ministerio del Interior respecto de la Fundación Integra y la empresa Tecno Fast S.A.? (documento que deja de manifiesto que se detectaron vicios en el proceso de adjudicación de las obras que implicaron $13.213.101.272).

A esas preguntas se suman otras: ¿por qué el Ministerio de Educación (Mineduc), encabezado por la Ministra, Adriana Delpiano no fiscalizó los recursos que se entregaron a la Fundación Integra?, ¿por qué la misma Ministra, una de las amigas de Bachelet ha mantenido silencio respecto de estos hechos?, ¿por qué Paula Fortes (asistente social), actual directora de la Dirección Sociocultural de la Presidencia también sigue el mismo modelo de hermetismo?, ¿y por qué la misma actitud por parte de la psicóloga, Oriele Rossel, directora de Integra?

En entrevista, Érika Silva cuenta detalles de su denuncia, asegurando que el propio Sebastián Dávalos estuvo en conocimiento de que entregaría la información de la que se entegró a la Contraloría y que, incluso dice, la habría alentado a hacerlo, con el propósito de que se esclarecieran las dudas sobre la forma en que se llevó a cabo el proceso de licitación entre la Fundación Integra y Tecno Fast S.A. En tal sentido, Silva recuerda que en los correos electrónicos que envió a diferentes personas de organismos que pudieran tener información, un día decidió incluir en ellos a Sebastián Dávalos, de alguna manera, comenta, para decir que la gestión de denuncia la estaba realizando con el apoyo del hijo de la Presidenta, Bachelet, a quien le interesaba que se esclareciera el tema y “ahí empezaron a correr, empezaron a moverse”.

Durante la conversación con este diario electrónico, la ex Jefa de Gabinete de Dávalos,  advierte que “hay elementos que podrían alertar respecto a un vínculo de privilegio entre la empresa Tecno Fast e Integra”, sosteniendo, al mismo tiempo que “llama la atención que siendo un proveedor tan “especial” y con “tantas ventajas comparativas”, una vez que se comenzó a investigar el caso, nunca más se le adjudicó obra alguna, según lo señaló la propia Fundación Integra al ser consultada vía Transparencia”.

Génesis del escándalo

En enero y febrero de 2015, período en que Érika Silva seguía siendo la Jefa de Gabinete de Sebastián Dávalos, la Fundación Integra que depende de la Dirección Sociocultural de la Presidencia, suscribió dos contratos de ejecución de obra con Tecno Fast S.A., la que debía ejecutarse al 30 de abril de 2015, pero el plazo no se cumplió, e Integra adujo la demora al retraso en la entrega de los terrenos en los que se construirían los inmuebles. Por esa razón, en abril y mayo de 2015 se firmó un anexo de contrato que extendió los plazos hasta junio y julio de 2015.

El detalle del plan de la ejecución de las obras, con sus correspondientes modificaciones de  plazos, fue el siguiente: 19/12/2014 construcción en 16 terrenos (25 salas cunas y 25 niveles medios), plazo de ejecución 30/04/2015 extendido hasta el 30/06/2015, monto original $6.239.942.998. Con fecha 2/02/2015, aumento de obras, se agregan 3 salas cunas y 3 niveles medios, plazo de ejecución 30/04/2015, extendido hasta el 30/06/2015 por $571.231.787. El 2/02/2015, modificado el 15/05/2015, construcción en 16 terrenos, 25 salas cunas y 23 niveles medios, fecha 1/06/2015 extendido al 31/07/2015 y de 8.216.878.212 se disminuyó a $6.555.614.370

El punto en discordia es que el proceso de adjudicación de los trabajos presenta algunos aspectos que llaman la atención, por decirlo de alguna manera, y que, para la ex colaboradora de Sebastián Dávalos, así quedan de manifiesto en el informe elaborado por el Ministerio del Interior, primera entidad que encendió las alertas, pero sin que, hasta el día de hoy, éstas funcionaran, porque no cambió nada.

Este diario electrónico tuvo acceso, precisamente, a ese informe ejecutivo del Ministerio del Interior y cuyas conclusiones levantan sospechadas sobre la forma en que se realizó el proceso de licitación, partiendo por no ajustarse a etapas transparentes. Los resultados de la cartera del interior fueron lapidarios: “Integra contrató con Tecno Fast S.A. directamente, aun cuando su procedimiento interno señala que debía hacerse por licitación privada. Para ello, utilizó un “Procedimiento de Excepción”, contemplado dentro de su procedimiento, argumentando (i) necesidad de contratar y ejecutar rápidamente; (ii) características del proveedor: único en el mercado, cobertura nacional, experiencia y parte del registro de proveedores de Integra”. A ese dato, se suman otras conclusiones: “El proveedor ingresó al Registro de Proveedores el día antes de la firma del contrato. Integra no solicitó formalmente cotización a otras dos empresas que ofrecen el mismo servicio (Builder Pack y Promet Pack). No se evaluó, formalmente, a la empresa, sólo existe un cuadro de comparación, sin fecha ni firma que compara tres empresas en 13 aspectos. Revisado el texto de los contratos suscritos con Tecno Fast, se estima que éstos no protegen, adecuadamente, los recursos fiscales: la cláusula de pago debiera contemplar algún mecanismo de validación por parte de Integra al estado de avance de las obras. Para proceder al pago, Integra recibe informes técnicos de avance de sus direcciones regionales (donde se ubican las obras), pero estos informes son elaborados por personal a honorarios y no cuentan con una validación a nivel central”.

Asimismo, el Ministerio del Interior luego de su análisis del caso, planteó algunas sugerencias a la Fundación Integra, las que textualmente son: “Instruir a Integra complementar su  procedimiento de compras, estableciendo la obligatoriedad del uso del mecanismo de licitación privada para la inversión de fondos públicos. Instruir el establecimiento formal de un proceso detallado para el uso de vías de excepción para contratación directa, ya que, el procedimiento actual que utiliza Integra es ambiguo. Incluir, en los contratos de ejecución de obras, mecanismos que permitan a Integra validar, formalmente, la información de los proveedores para autorizar los pagos, de modo de resguardar, adecuadamente, el patrimonio fiscal”.

Cabe señalar que el pasado 21 de marzo, María Angélica Parraguez, secretaria del Contralor General, respondió un correo electrónico que Erika Silva le envió solicitándole una reunión con el contralor, Jorge Bermúdez, en el que la funcionaria pública le indicó que como el organismo lleva adelante una investigación especial, no procede la audiencia. Hasta ahí, el intento de Erika Silva de reunirse con Bermúdez.

Nexo Tecno Fast y Desafío Levantemos Chile

A Erika Silva, además, le genera cierta suspicacia el hecho de que Cristián Goldberg, sea presidente del directorio de Tecno Fast S.A. y, a su vez, director de Desafío Levantemos Chile, organismo que, afirma: “Solidariamente” reconstruyó el Jardín Guacolda a Integra, el cual se quemó en el incendio de Valparaíso en 2014. Lo señalo, porque nuevamente esta fundación “solidariamente” está ofreciendo ayuda al Estado para apoyar en la reconstrucción del incendio en el sur. Resulta necesario despejar dudas sobre los costos que para el Estado tiene esa “voluntad de ayudar”.

-¿Cuál es la denuncia puntual que formula en contra de la Fundación Integra y que también involucra al Ministerio de Educación?

Cuando yo trabajaba en La Moneda, una o dos semanas después del caso Caval llegó la gente de Integra y me dice que el Ministerio del Interior levantó un informe, porque había una irregularidad en una adjudicación para la construcción de salas cunas. En ese tiempo, todavía estaba el Ministro, Rodrigo Peñailillo. Me dijeron que el mecanismo era que se debían tener tres cotizaciones, yo respondí, ¡bueno, envíenme las otras dos cotizaciones! y hablo con el Ministerio del Interior (con Patricia Poblete, encarga de ver el cumplimiento de las metas, de supervisar a todos los ministerios, fue ex directora de Integra y ex Ministra de Vivienda). Y pregunté, ¿hay algún otro problema? No, me dijeron, pero nunca me llegaron las otras dos cotizaciones.

-¿Hubo un cambio de dictamen, en virtud del cual, la Fundación Integra no sería fiscalizada por el Ministerio de Educación, sino por la Contraloría General de la República, cuál fue la razón de esa modificación?

El cambio de dictamen se produce, porque se evidencia que el Ministerio de Educación nunca supervisó cómo gasta la plata Integra y lo que dijo la Contraloría fue indicar que el MINEDUC no fiscaliza más y que lo hacen ellos directo. Hay testigos, sé, que manejan pruebas de que el MINEDUC no sólo no fiscalizó, cubrió e hizo que Integra saneara eso, e hiciera como si tuvieran esas otras dos cotizaciones. No lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior en el informe.

-Usted formuló la denuncia en julio de 2015 y la Contraloría aún no emite una resolución de los hechos cuestionados y de la actuación de la Fundación Integra y los procedimientos que realizó para conceder la adquisición de obras a la empresa Tecno Fast S.A…

Tú, ¿puedes entender que la Contraloría después de dos años de investigar hace cuatro meses recién pidió el informe del Ministerio del Interior?, o sea, el informe que da origen a esta investigación, nunca lo había pedido. A mí, me tramitaron durante mucho tiempo para tener acceso a ese informe, porque el Ministerio del Interior lo mandó a Presidencia, presioné y, al final, me lo enviaron en enero de 2017.

-¿Qué cree que hay detrás de toda esta situación y el rol que ha desempeñado la Contraloría y que, para algunos, puede llamar la atención la lentitud con la que ha actuado?

Yo aprendí en la vida a no creer nada, aprendí en la vida que una persona tiene que ser honesta y si una persona en el sector público ve una irregularidad, tiene que denunciarla. De cada uno de los juicios que te he levantado es porque tengo fundamento. Cuando digo que se demora (refiriéndose a la Contraloría General de la República) es porque se demora, cuando digo que en la Contraloría lo natural es que lo primero que haya indagado es el documento que dio origen a levantar la suspicacia y lo hizo, ahora último, llama la atención, porque nunca lo quisieron pedir. Yo ni siquiera puedo cuestionar, porque uno podría decir que el gobierno funciona, porque alerta el propio gobierno sobre una falla de Estado. Resulta desconcertante evidenciar que sólo, porque pedimos reunión con el equipo de abogados a cargo, ellos descubren pistas sobre cómo llegar a la información.

-Pero, en este caso puntual, el Ministerio de Educación lo que hizo fue tapar el asunto, no contribuir, precisamente…

Por eso, te estoy diciendo, por un lado sí y durante un tiempo, sí, pero después no puedo entender porque yo misma llamo al Ministerio del Interior, pido hablar con la persona que hizo el informe y pregunto por las acciones que se tomaron al respecto de parte del Ministerio del Interior. Me dijeron que esa persona está enferma. Hablo, entonces, con el que lo subroga y me dice que me lo va a entregar en una semana más, lo llamo una semana después y me dice que no tiene por qué entregarme el  documento. Le digo ¡bueno, te lo voy a pedir por transparencia! Y me lo envían un mes y medio después, porque antes se dieron vuelta por la presidencia, ¿qué tiene que ver la presidencia? No hay ninguna razón lógica. Y, finalmente, me lo entregó la presidencia.

-¿Qué tan complejo puede ser que el director de la empresa Tecno Fast S.A., firma que se adjudicó la polémica adquisición por parte de la Fundación Integra sea, a su vez, el director de Desafío Levantemos Chile que también ha trabajado en varios proyectos para el Estado?

Es un súper buen negocio, recaudas y te puedes comprar a ti mismo como empresa. Por lo mismo, necesitamos estar seguros de que la investigación de la Contraloría se realiza con criterios de calidad y eficiencia. Yo soy educadora de párvulos, ésa es mi profesión inicial y feliz cuando se planteó la meta de disminuir la desigualdad trabajando en la educación parvularia, pero me di cuenta que, estando ahí, el negocio inmobiliario era “la raja”, por lo tanto, alguien que ve eso, no ve niños que pueden formarse y mejorar sus condiciones para el despliegue de su aprendizaje, la gente ve una inmobiliaria, un negocio.

-¿Qué tan común o frecuente en el Gobierno que haya licitaciones a dedo?

Lo que me preocupa no es sólo esto, mi preocupación son ¿cuánto más hay?, ¿cuánto más el MINEDUC no vio?, ¿cuántos culpables hay en el MINEDUC por no haber fiscalizado? Yo no tengo los nombres, a mí nunca se me informó si hubo una investigación y salió gente de su trabajo. Sólo digo hechos y los hechos son fundados. Nada de lo que te he dicho es porque yo piense o elucubre, de todo hay respaldo. Si el MINEDUC fue displicente, fue poco riguroso en ver cómo se destinan cerca de $14 mil millones, ¿en cuántos millones más también fue displicente?

Por Daisy Castillo Triviños

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