A partir de hoy, los estudiantes del Instituto Nacional están oficialmente de vacaciones de invierno, luego de que las autoridades educacionales y la Municipalidad de Santiago adelantaran el período de descanso en un intento por frenar los hechos de violencia, que ayer alcanzaron su máximo nivel cuando un alumno encapuchado se quemó con una bomba molotov.

Los escolares llevan dos meses de protestas, en las que exigen, entre otras cosas, mejoras a la infraestructura del colegio, pues muchas salas y baños no han recibido mantención. El problema es que parte del edificio también ha sido dañado por las mismas movilizaciones.

Así lo informa la Municipalidad de Santiago, donde explican que desde 2014 a la fecha han invertido $ 2.585 millones en reparar los daños que han sufrido los 16 liceos de la comuna, debido a manifestaciones estudiantiles.

Este año, los únicos destrozos se han registrado en el Liceo Confederación Suiza ($ 4,8 millones) y el Instituto Nacional ($ 1,9 millones). Pero en estos seis años, los mayores gastos por este motivo se registraron en el Liceo Darío Salas ($ 511 millones) y en el Liceo de Aplicación ($ 425 millones), principalmente por daños ocurridos en las protestas de 2016, cuando la municipalidad debió gastar $ 1.355 millones en reparar los colegios afectados.

Sin embargo, el Instituto Nacional lidera las acciones de fuerza este año. Según la autoridad comunal, el liceo ya perdió 26 jornadas de clases, principalmente en la jornada de la tarde. Además, según la Intendencia Metropolitana, grupos de alumnos llevan 30 días alterando el orden público y 18 días cortando las calles aledañas, entre ellas la Alameda.

Para el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, es “un contrasentido que nos pidan mejorar la infraestructura y que ellos mismos la destruyan. Por eso, la semana pasada nos comunicamos con el Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, tras la ocupación ilegal del lunes y martes, para que en las mismas 24 horas que tardaron en generar estos daños, los repararan, pero no cumplieron, por lo que interpusimos una nueva demanda por la medida rompe-paga”.

La intendenta metropolitana, Karla Rubilar, afirma que los encapuchados que generan destrozos son “delincuentes que ponen en peligro sus vidas y las de otros”.

“Es inexplicable cómo algunos exigen mejorar la infraestructura de los colegios al mismo tiempo que la destrozan; cómo piden mejorar las condiciones en las que estudian cuando no les importa que se pierdan las raciones de comida de sus propios compañeros”, enfatiza.

El ingreso policial

Ayer, tras el incidente protagonizado por un encapuchado que se quemó con una bomba molotov, funcionarios de Carabineros ingresaron al Instituto Nacional para detener al joven y lanzaron bombas lacrimógenas. Los escolares que estaban en clases criticaron el operativo, debido a que obligó a suspender las actividades y evacuar las salas.

“Salió todo el curso de clases. Nos dirigimos a la salida de Alonso de Ovalle, pero había muchas lacrimógenas. Yo me ahogué y hasta vomité”, relata Pablo González, del 4° L.

El rector del plantel, Fernando Soto, justificó el ingreso policial. “A ningún colegio le gusta que haya carabineros adentro, con bombas lacrimógenas, pero también había 50 muchachos encapuchados lanzando bombas molotov desde el techo y eso es un delito flagrante”, explica.

En tanto, la seremi metropolitana de Educación, Bárbara Soto, precisa que el adelantamiento de las vacaciones “no es un cierre de semestre, porque no todos tienen notas, sino que es una excepción y hay tiempo hasta septiembre para cerrar el semestre”.

Añadió que durante las dos semanas de receso evaluarán aplicar medidas de seguridad como la instalación de cámaras, lo que debe ser aprobado por el Consejo Escolar.

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