Los hechos de violencia se vienen repitiendo desde hace algún tiempo en Chile, adoptan formas distintas y tienen consecuencias que son lamentables y trágicas. Aunque no se advierte habitualmente, cada acontecimiento –un ataque incendiario, un asesinato, un saqueo– tiene dos efectos muy relevantes: primero, sobre quienes sufren un determinado ataque violento; segundo, sobre la convivencia nacional, que se va deteriorando paso a paso, entre las cenizas de los ataques en la Araucanía o el cuerpo inerme de quien ha sido muerto.

Me parece advertir que los diferentes casos –ciertamente hay excepciones– no tienen la misma espectacularidad y repudio que alcanzaron en otros momentos, quizá porque se ha ido produciendo un acostumbramiento, y las noticias carecen de la novedad de otros tiempos. Esta es una prueba más de la situación social lamentable en la que se encuentra el país, con perspectivas que no permiten advertir una solución pronta y justa al problema. La situación del sur de Chile así lo demuestra, en tanto otros problemas sociales contribuyen a la mantención de la violencia como recurso político o modo de comportamiento social.

Recientemente, el precandidato presidencial Mario Desbordes –a propósito de asesinato del pequeño Tomás– sostuvo en una entrevista: “Cuando se legisla uno no puede legislar con casos específicos, y menos con el caso aquí mismo. Si fuera mi hijo, yo lo que me nace es hacer justicia por mis manos”. Sin embargo, él mismo explicó que eso no era adecuado, “que la autotutela no correspondía en democracia”, que la sociedad no podía castigar sino que debía existir un juicio, investigación y eventual castigo. En otras palabras, lo propio de la democracia y el Estado de derecho.

Sin perjuicio de eso, es interesante ver la rápida reacción en las redes sociales, que criticaron al exministro y expresidente de Renovación Nacional por sus palabras, con lecturas parciales o sesgadas. Sin embargo, que el tema de fondo subsiste y se puede apreciar en las “detenciones ciudadanas”, que han existido en distintos momentos, con uso de altos grados de violencia, degradación e incluso tortura contra los delincuentes, sorprendidos in fraganti. ¿Por qué se ha llegado a estos niveles de “justicia” por las propias manos? En parte, según han señalado algunos de los participantes en esos hechos, como una forma hacer justicia, ante la convicción de que los delincuentes serán dejados de inmediato en libertad, en un sistema en que la justicia parece estar ausente o es demasiado lenta o poco pulcra en defensa de los afectados.

Con connotaciones políticas y sociales más amplias, es lo que comienza a manifestarse con fuerza creciente en la Araucanía, muchos de cuyos habitantes reclaman el abandono que han sufrido por parte del Estado. No se trata, como podría suponerse, de la llamada causa mapuche o de sus reivindicaciones –muchas de ellas legítimas y que han sido atendidas a través del tiempo por distintos gobiernos– sino lisa y llanamente de la violencia desatada por personas y grupos, del amedrentamiento, de las acciones delictuales y terroristas que se repiten cada año de manera creciente y sin que se advierta un cambio de rumbo.

Por lo mismo, ya han comenzado a surgir algunas voces que reclaman la necesidad de armarse y defenderse para proteger sus propiedades y familias, precisamente por la incapacidad mostrada por el Estado. El tema no es nuevo, y el 29 de agosto de 2017 ya lo había planteado Sebastián Piñera, interpelando a la presidenta Michelle Bachelet en forma de pregunta, a través de su cuenta de Twitter: “¿Que pretende el gobierno? ¿Que ciudadanos formen milicias armadas privadas o se tomen la justicia en sus manos para defenderse del terrorismo?” Si bien era en el contexto de un periodo electoral, no cabe duda que respondía a los planteamientos que comenzaban a surgir en la sociedad y que hoy siguen vigentes, como el problema que originaba el cuestionamiento.

En La lógica de la violencia en la guerra civil (Madrid, Akal, 2010), Stathis N. Kalyvas hace una reflexión que tiene particular interés para Chile: “Los detentadores del poder tienden a controlar las ciudades incluso cuando se da el caso de que estas ciudades son baluartes sociales, religiosos o étnicos de sus oponentes, mientras que los baluartes de los insurgentes tienden a estar en remotas áreas rurales, incluso cuando las áreas rurales les sean enemigas”. Algo así sucede precisamente en el sur, donde hay zonas rurales en las cuales el Estado se retrae y avanzan sus adversarios, mientras la gente común y corriente sufre, en un esquema de descomposición que requiere un cambio de rumbo urgente, inteligente y enérgico.

Varios dirigentes políticos han insistido con decisión en que no hay que “militarizar” la Araucanía; algunos especialistas también han insistido en que el Ejército no debe actuar en la región. Esto tiene sentido y se han dado explicaciones sensatas al respecto. Sin embargo, lo que aún no tiene respuesta es por qué se ha dejado crecer el problema y cuáles son las sugerencias alternativas para resolver el conflicto. Es lo que se espera de los dirigentes políticos y de las instituciones del Estado.

En materia de violencia y terrorismo, se puede decir que la Araucanía ha vivido una década perdida. Es difícil imaginar para el resto de los chilenos lo que significa la vida de mucha gente en esa zona, marcada por una militarización al margen del Estado, con una violencia latente o visible, la expansión del temor y un permanente estado de anormalidad en la vida económica y social. Así queda demostrado con el retraimiento del Estado, manifestación de indolencia, falta de coraje y de creatividad para enfrentar el problema.

Parte de esa violencia también estuvo presente en la sociedad después del 18 de octubre de 2019, generando una inmediata doble reacción. Por una parte una condena bastante amplia, pero también una comprensión o incluso apoyo teórico o político a los hechos de violencia, una relativización de los métodos e incluso después un llamado a quemar o destruir –real o metafórico, poco importa–, sobre la base de deudas históricas, problemas sociales pendientes e incluso de las propias causas que habían dado origen a la revolución de octubre.

Con todo, no es bueno postergar de manera permanente el problema del uso de la violencia como medio de acción social y política: después de todo, no solo tiene un efecto presente sino que también un potencial destructor futuro, como demuestra la historia de las guerras civiles y de las rupturas institucionales.

Por Alejandro San Francisco, profesor de la U. San Sebastián y la UC. Director de Formación del Instituto Res Publica. Director general de “Historia de Chile 1960-2010” (USS), para El Líbero

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