La persecutora ha enviado ocho oficios a Brasil solicitando información sobre eventuales aportes a políticos chilenos, pero no ha obtenido información relevante. La mayoría de los pedidos los hace después de publicaciones de prensa, como hizo con los datos que vinculan apoyos a la campaña de Bachelet.

La Presidenta Michelle Bachelet tuvo que salir a desmentir por segunda vez en un año que su campaña de 2013 no tuvo ninguna vinculación ni recibió financiamiento de la empresa brasileña OAS, que está siendo investigada por un escándalo de corrupción -bautizado como Lava-Jato– que influyó en la salida de la Presidenta Dilma Rousseff.

“El año pasado hablé de este mismo tema cuando se me consultó y lo hemos descartado tajantemente (…). No he tenido nunca ninguna vinculación con la empresa mencionada”, dijo la Mandataria, quien agregó que los gastos de campaña “fueron informados al Servel y fueron aprobados”.

La Mandataria hizo referencia a marzo de 2016 cuando se conoció que un avión corporativo de OAS fue utilizado por Marco Enríquez-Ominami durante su campaña presidencial.

Incluso, ME-O involucró a Bachelet al afirmar que se había reunido con ejecutivos de la empresa tras la visita que hicieron a Santiago junto a Lula da Silva, quien vino a apoyar a la candidata de la Nueva Mayoría, imputación que desmintió la Mandataria.

El lento avance de la investigación

Un mes después de conocidos esos hechos, en abril de 2016, los diputados de RN, Paulina Núñez, José Miguel Edwards y Gonzalo Fuenzalida, presentaron una denuncia ante la Fiscalía para que investigara el eventual financiamiento de la empresa brasileña en la política chilena. El caso fue asignado a la fiscal Centro-Norte Metropolitana, Ximena Chong, la misma que investiga Corpesca, los falsos exonerados y los problemas del Servel con el registro de los electores en la pasada elección municipal.

Sin embargo, casi un año después de iniciadas las investigaciones, los avances son más que discretos, ya que Chong no tiene personas formalizadas y ha enviado ocho oficios a la Fiscalía brasileña, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradición del Ministerio Público, pidiendo información relevante que no ha podido obtener.

Incluso, varias de las diligencias las ha pedido después que salieran reportajes de prensa que entregaron información importante sobre la causa, como cuando el 10 de julio La Tercera publicó el extenso reportaje “La millonaria donación brasileña a ME-O”, en que entrevistó al ex director internacional de OAS, Augusto Uzeda, quien detalló cómo se gestó e hizo la donación al candidato del PRO.

Al día siguiente trascendió en la prensa que la fiscal Chong analizaba pedirle una declaración al propio Uzeda, para determinar si podía establecer si hubo algún delito a la ley electoral o a la normativa sobre donaciones.

La petición la concretó un mes y medio después, en septiembre, cuando solicitó al juez brasileño Sergio Moro informarle si en la causa Lava Jato existían antecedentes de pagos a políticos chilenos, los datos de la empresa del taxi aéreo dueña del avión que utilizó MEO y la contabilidad de OAS, con el objetivo de rastrear el destino del dinero obtenido a través de procedimientos irregulares.

También pidió autorización a la Fiscalía brasileña para que un policía de la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI viajara para ser parte en los interrogatorios a los ex ejecutivos de OAS procesados.

En noviembre solicitó de nuevo información sobre los interrogatorios realizados a Ferreira e Uzeda y Klaus Wilhekm Jotten, ex ejecutivos de la firma fundada en 1976 en Salvador de Bahía y que llegó a tener negocios en 22 países, incluido Chile.

En enero pasado un artículo de Ciper Chile titulado “OAS: las redes políticas en Chile de la empresa que pagó millonarias coimas en Brasil”, llevó a la fiscal Chong a solicitar nuevamente a la justicia brasileña copia de todos los correos electrónicos que tuvieran relación con vínculos de políticos chilenos.

Además, solicitó poder interrogar al ex presidente de la constructora, Leo Pinheiro, condenado a 26 años por corrupción, quien autorizó el uso del avión por MEO y viajó junto a Lula en noviembre de 2013.

Usando el mismo procedimiento, tras la publicación de la revista Veja de esta semana, que entrega datos sobre supuestos aportes a la campaña de Bachelet, la fiscal Ximena Chong  solicitó información a la Fiscalía brasileña, según anunció ayer la diputada Nuñez tras reunirse con ella.

La persecutora pedirá las declaraciones de Leo Pinheiro, que según investigadores de la causa “no son nada de buenas para Bachelet”. Además, Chong insistió en que un policía pueda viajar a recopilar antecedentes, lo que no ha sido autorizado durante meses.

La información que ha podido recopilar la fiscal Chong

Pero no todo han sido trabas en la investigación de la Fiscalía, ya que Ximena Chong ha logrado obtener información importante para la causa, como acreditar la empresa que operó el avión (Servicios Aéreos Air Dispatch), los 283 vuelos que realizó el candidato MEO, el costo y las facturas que pagó OAS.

meo-en-avion-de-oasEn la carpeta investigativa se acredita que “la factura rendida ante el Servel no puede contener el arriendo de la aeronave, y por tanto podría tratarse de una factura ideológicamente falsa que permitió la obtención de una prestación de dinero indebida del Estado. Ello, haciendo alusión a que MEO había rendido como gasto electoral los pagos al avión.

La PDI le tomó declaración al dueño de la compañía que arrendó el avión, Carlos Astudillo, quien aseguró que la factura del combustible se envió directamente a Brasil.

La carpeta también tiene la contabilidad de OAS Chile de 2013, que fue entregada por el abogado del departamento jurídico de OAS, Bruno Hastkoff,  quien se negó a prestar declaración. En dicha contabilidad se encontraron dos facturas por US$125 mil de la sociedad Cono Sur Research Spa, cuyo representante legal es Cristián Warner, ex asesor de MEO. Ambos fueron citados a declarar pero guardaron silencio ante la fiscal.

Fuente: ellibero.cl  /psg