Casi todos los analistas económicos celebran cuando el titular de Hacienda anuncia un nuevo aumento de la “inversión pública”. De hecho, el nuevo ministro Rodrigo Cerda, junto con la Dirección de Presupuestos (Dipres), ya ha anunciado recientemente un plan de aceleración en la ejecución de proyectos de inversión pública intensivos en mano de obra.

Cuanto mayor sea la cifra de la iniciativa, o más pronto se ejecute el plan, más aplausos acaparará el gobierno. Esa es la mentalidad que veo en todas partes. Yo la verdad detecto aquí un enorme problema. Evidentemente nadie podría estar en desacuerdo con el fin que persigue la medida: reactivar la economía y recuperar el empleo. Pero como en cualquier otra acción del gobierno, sobre lo que debemos dilucidar es sobre si los medios empleados por los intervencionistas para combatir el paro conducirán o no a alcanzar el fin en cuestión. Entonces, si el objetivo es alcanzar el “pleno empleo”, por emplear terminología económica, la inversión pública resulta contraproducente. Vamos a intentar explicar por qué:

En primer lugar, no resulta apropiado extrapolar lo privado a lo estatal. Si analizamos brevemente el concepto, la inversión es el destino final del ahorro y el ahorro es el ingreso no consumido. Quien invierte es porque conjetura que el valor futuro será mayor que el del presente. La secuencia lógica, por tanto, es primero abstención del consumo presente para destinar el monto al ahorro cuyo fin es la inversión. En este sentido, la naturaleza de la inversión alude exclusivamente a preferencias subjetivas y voluntarias.

Si los recursos son arrancados por la fuerza a los contribuyentes para ser invertidos en lo que el gobierno de turno decide, ya se desfigura el concepto de inversión. Pues bien, esto es precisamente lo que ocurre con la inversión pública, puesto que como ya apuntaba Ludwig Von Mises en su tratado de economía La Acción Humana de 1949 “Las sumas que el gobierno invierte en cualquiera de sus actividades han sido previamente detraídas a los particulares mediante las exacciones tributarias”.

En segundo lugar, otro problema importantísimo que conlleva la inversión pública es que ésta es llevada a cabo por criterios políticos. No por criterios económicos.

Cuando el criterio es político, lo que se busca es atender los diversos intereses de los distintos grupos captadores de rentas del Estado. Esto ya ha sido estudiado en profundidad por la Escuela de la Elección Pública (Public Choice). Además, el coste de los errores ya no es asumido por quienes toman la decisión de invertir – los políticos –, sino que el peso de la decisión recae en última instancia sobre las espaldas de todos los contribuyentes.

En cambio, cuando el criterio es económico, lo que se busca es maximizar el retorno sobre el capital invertido, es decir, sacar el máximo rendimiento posible a esos ahorros. Como en este caso es el ciudadano privado quien invierte, es él quien paga el coste de sus errores. Por tanto, cada peso invertido de esta manera tenderá a ser resultado de un cauteloso y responsable proceso de toma de decisión. Esto permitirá que el capital y el trabajo sean asignados en aquellas líneas productivas más urgentemente requeridas por los demás.

Y, para saber dónde han de ser más necesitados los recursos humanos y materiales, es preciso dejar actuar en libertad a la gente para que manifieste sus preferencias, es decir, dejar que el proceso de mercado se lleve a cabo sin intervenciones de ningún tipo. Será el cuadro de resultados el que dictamine si las correspondientes inversiones han sido acertadas o no. Y el que sean o no acertadas dependerá de las valoraciones y preferencias subjetivas de la gente en sus decisiones diarias de comprar o abstenerse de hacerlo.

En tercer lugar, conviene recordar que existe una ley fundamental en economía y es el principio de escasez. Lamentablemente los recursos no crecen en los árboles y no hay de todo para todos todo el tiempo. Todo cuanto denominamos riqueza material ha tenido que ser previamente producida por alguien.

Si el monto comprometido de la inversión pública es de, supongamos, US$12.000 millones, esto quiere decir que de la economía privada han sido succionado recursos por un importe equivalente a esos 12 mil millones de dólares.

Entonces, por poner un ejemplo, si el gobierno decide financiar la construcción de un puente para recuperar el empleo, por cada dólar gastado en su construcción, los contribuyentes dispondrán de un dólar menos en sus bolsillos para destinarlo a consumo o ahorro (según sea la preferencia de cada cual). Y es así como esto ya fue explicado por el gran periodista económico del siglo XX Henry Hazlitt en su ya clásico La Economía en Una Lección de 1946, cuando sostenía que “por cada jornal público creado con motivo del puente, un jornal privado ha sido destruido en otra parte”.

Dicho todo lo anterior, podemos afirmar que la inversión pública no es inversión propiamente tal, puesto que no se refiere a las preferencias y valoraciones subjetivas en el contexto de valores presentes y futuros, sino que técnicamente es gasto público en activos fijos como contabilización en las cuentas nacionales.

He querido plantear aquí una serie de problemáticas que es preciso atender con especial detenimiento si lo que se pretende es reactivar la economía y recuperar el empleo. Porque lo que se pretende no es solo crear más empleo, sino que también mejoren los salarios. Y para que ello ocurra, lo que debiese hacerse es impulsar la inversión privada, no la “inversión pública”.

Cuanto mayor sea la acumulación de capital y más aumente la inversión per cápita, más empleo genuino se creará y más altos serán los salarios e ingresos en términos reales. Pero mientras sigamos creyendo que la inversión pública es beneficiosa para la reactivación y la recuperación del empleo, seguiremos atrapados en un espejismo cuyo resultado seguirá siendo el completo despilfarro de los siempre escasos recursos.

Por Ignacio Bustamante, máster en Economía de la Escuela Austriaca. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España, para El Líbero

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