La semana entrante Human Rights Watch (HRW) insistirá ante la Unión Europea (UE) que imponga sanciones individuales contra Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y seis mandos de la Policía Orteguista (PO), responsables de graves violaciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.

La ex directora de la PO, Aminta Granera; el subdirector general Ramón Avellán y los comisionados generales Jaime Vanegas, Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina son los funcionarios propuestos por HRW para ser sancionados por la UE, según consigna el periódico La Prensa.

Las sanciones incluirían prohibirles el ingreso a países europeos y el congelamiento de activos.

“El presidente Daniel Ortega no restablecerá voluntariamente las garantías básicas de derechos humanos que su gobierno trabajó tan arduamente para desmantelar”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“La presión internacional intensa y persistente, incluso a través de sanciones dirigidas contra altos funcionarios implicados en graves violaciones de derechos humanos, es clave para poner fin a los abusos generalizados”, acotó.

El diario citado recordó que Estados Unidos y Canadá ya impusieron sanciones individuales contra 11 funcionarios del régimen de Ortega, entre ellos la vicepresidente y esposa del mandatario, Rosario Murillo, y su hijo Laureano Ortega Murillo. Sin embargo, este paquete de sanciones no incluyeron directamente a Ortega.

En la carta dirigida a Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Human Rights Watch manifestó que numerosos manifestantes detenidos durante las protestas “fueron sometidos a graves abusos que, en algunos casos, constituyeron tortura, incluidas descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual”.

Además de la sanciones individuales contra altos mandos policiales, HRW pidió a la Unión Europea “condicionar todo apoyo presupuestario, particularmente el restablecimiento del financiamiento a la policía”.

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