Ha pasado una semana desde que el excomandante en jefe del Ejército general (R) Humberto Oviedo (2014-2018) está privado de libertad. El sábado 29 de junio la ministra en visita extraordinaria de la Corte Marcial, Romy Rutherford, lo procesó por la presunta malversación de $ 4.500 millones que habría desviado desde los gastos reservados que año a año se le asignaron mientras ocupó el más alto cargo de la institución castrense.

Oviedo se convirtió -entonces- en el segundo exnúmero uno del Ejército en ser imputado por el desvío de fondos fiscales para fines personales. El general (R) se encuentra recluido en el Batallón de Policía Militar, en Peñalolén, a la espera de un recurso de amparo que el martes 2 presentó su abogado defensor, Gonzalo Rodríguez, y que busca impugnar las actuaciones de la magistrada.

Está a solo dos cabañas de su antecesor, el general (R) Juan Miguel Fuente-Alba, quien lleva ya varios meses en prisión y que dicen fue quien dio pie a las indagatorias sobre el origen del patrimonio de los excomandantes en jefe. En siete días no se han topado y el viernes 28, cuando ingresaron Juan Emilio Cheyre y Ricardo Izurieta al recinto militar, solo fueron a verlo a él, ya que nadie ha intentado tener contacto siquiera con Fuente-Alba.

A través de un cuestionario, Oviedo entrega a La Tercera detalles de la situación que está viviendo, acusa que la jueza Rutherford no ha respetado la orden superior del Tribunal Constitucional (TC) y espera que instancias superiores corrijan lo que califica como una “injusticia” y “una indagatoria parcial”. Evita referirse a detalles sobre depósitos o compras que le atribuye la magistrada en el procesamiento, pues, asegura, son situaciones que justificará ante la justicia en su momento.

¿Cómo ha vivido estos días desde que la jueza Rutherford ordenó su detención hasta ahora, que ya está procesado por malversación de más de $ 4.500 millones?

Como soy inocente y, a pesar de la tranquilidad que me da la convicción de haberme ajustado a la ley en mi mando, naturalmente tengo un gran sentimiento de injusticia sobre esta situación. Y le explico por qué: aunque no se ha dicho en público, en la misma causa donde se me ha privado de libertad, ya en febrero de este año solicité la recusación de la ministra Rutherford, en razón de la existencia de diligencias que, según trascendidos de prensa, ella habría dispuesto en mi contra, a pesar de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional en enero, lo que, a mi juicio, demuestra que la jueza ha actuado con parcialidad.

El 6 de febrero cuatro ministros de la Corte Marcial sostienen que no se puede dar curso a la recusación, porque entienden que la causa está suspendida por el TC. ¿Qué le parece que ahora esté preso y la jueza argumente que lo procesa por otra arista no paralizada?

Por eso le decía. Cuando nuevamente apareció en la prensa que se estaban realizando diligencias en mi contra recurrí al TC para confirmar esta información y ejercer los derechos y acciones que correspondan, puesto que -justamente- como dijo la Corte Marcial en febrero, yo no podía realizar diligencias en la causa que lleva la ministra por estar suspendida, y además, carecer de conocimiento del sumario. A pesar de ello, hoy, de manera sorprendente la misma Corte Marcial se niega a pronunciarse sobre esta suspensión. O sea que, según la Corte Marcial, la causa está suspendida para defenderme, pero no para encarcelarme.

Cuando llegó un policía a notificar, el viernes 21, que la jueza Rutherford lo citaba a declarar como imputado, ¿qué pensó?

Quedé sorprendido. La misma Corte Marcial, como acabo de decir, había resuelto que eso no podía suceder, no debió ocurrir, por encontrarse suspendida la causa.

¿Qué cree usted que está haciendo la jueza Rutherford respecto de la resolución del TC?

Que está desobedeciendo la orden que el TC dio en enero de este año, al menos en lo que a mí respecta, y como de la misma forma se pronunció la Corte Marcial sobre cómo debía entenderse la suspensión.

Como exmilitar, ¿qué piensa del sistema inquisitivo que impera en la justicia militar?

Según la Constitución, todos los procedimientos, sean de juzgados civiles o militares, deben respetar el debido proceso y en este aspecto puntual, como en otros, el que se sigue en mi contra no lo respeta. Le explico por qué. En primer lugar es bastante claro que sin conocimiento del sumario nadie puede defenderse de las acusaciones que se hagan. Además, en un procedimiento militar normal existe una división de funciones entre el fiscal militar y juez militar. El fiscal militar no puede, por ejemplo, iniciar investigaciones, someter a proceso ni detener o condenar personas, sin autorización del juez militar. En este caso, la figura de la ministra en visita extraordinaria suprime esta división de funciones, lo que afecta la imparcialidad del tribunal.

Su patrimonio

La jueza Rutherford le atribuye graves conductas, respecto a malversar caudales públicos. Específicamente, devela un mecanismo para usar de manera inapropiada los gastos reservados mientras ocupó el más alto cargo en el Ejército. ¿Qué puede decir ante eso? Usted no ha declarado…

Lo único que le puedo decir es que en mi mando los gastos reservados se emplearon en los fines que determina la ley y cuyo detalle es secreto por obvias razones de seguridad e inteligencia.

Mientras fue comandante en jefe del Ejército, ¿hizo uso de gastos reservados para incrementar su patrimonio personal?

No. En ningún caso.

En el procesamiento hay una serie de depósitos en efectivo y por caja a su cuenta bancaria que están bajo la lupa de la jueza Rutherford. ¿Qué explicación tienen esos montos: uno de $ 50 millones en 2015, otros de $ 6 millones, de $ 4 millones…?

Yo le aseguro que todos mis ingresos son fruto de mi trabajo como militar y fueron obtenidos de acuerdo a la ley. Las explicaciones de cada uno de esos depósitos serán expuestos ante la justicia cuando se resuelva la situación que he denunciado: mi causa está suspendida por un tribunal superior y eso ha sido pasado por alto.

¿Con cuánto dinero (patrimonio) llegó a la Comandancia en Jefe y con cuánto se fue?

Mi patrimonio personal, el de mi esposa e hijos no se vieron incrementados por el ejercicio de mi mando. Y créame que mi patrimonio es varias veces inferior a la escandalosa cifra del ilegal auto de procesamiento.

La jueza le atribuye a usted conductas muy parecidas a las de su antecesor, el general Juan Miguel Fuente-Alba. ¿Qué opina de él?

En lo que respecta a mi situación personal, como ya se lo he dicho, es algo completamente irregular. En cuanto a terceros, no corresponde que yo me pronuncie.

Fuente-Alba confesó ante Rutherford una suerte de “mesadas” que se les daba a los excomandantes en jefe luego que dejaban el Ejército, una práctica que -según el procesamiento- usted heredó. ¿Qué puede decir ante eso?

Como le expliqué, el uso de fondos destinado a la seguridad militar, incluyendo los de excomandantes en jefe, es reservado y no me puedo referir a ello, por su propia naturaleza. Lo que sí puedo decir es que en razón al Decreto Supremo del año 1998 firmado por el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se les encarga a las instituciones hacerse cargo del tema de seguridad de expresidentes de la República, excomandantes en jefe del Ejército, de las instituciones de las Fuerzas Armadas y exdirectores de Carabineros con recursos propios.

Se dice que tiene varias propiedades. ¿Cuál es el origen de su patrimonio, teniendo en cuenta que un comandante en jefe gana $ 3,5 millones aproximados?

Como expliqué, mi patrimonio no proviene de fondos obtenidos irregularmente y es fruto de 42 años de carrera militar. En cuanto a las propiedades, hay que entender que una persona que tiene un departamento con sus correspondientes estacionamientos y bodegas no tiene cinco propiedades, sino una sola. Por eso me parece muy injusto que se me atribuyan más de una docena de propiedades sin la más mínima rigurosidad para indicar lo recién expuesto.

¿Pediría algo a la justicia ahora que está privado de libertad?

Lo que le pediría a la justicia, y en definitiva a la Corte Suprema, es que sencillamente se hiciera efectiva la suspensión ordenada por el Tribunal Constitucional y que, según la propia Corte Marcial, me impidió ejercer el derecho a recusar a la ministra que me investiga, pero que no impidió que me procesara injustamente.

El Ejército ha caído en desprestigio debido a estas causas que involucran a exaltos militares en delitos de corrupción. ¿Qué opina de esto? ¿Se hace cargo?

No creo que exista tal desprestigio, puesto que el Ejército, como institución permanente de la patria, con más de 40.000 efectivos, ha seguido ejerciendo su función de resguardo de la integridad territorial y la soberanía nacional, prestando, además, su ayuda permanente a la población civil ante catástrofes naturales y que cada vez es más requerido. No hay desprestigio alguno.

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