El tema de la seguridad pública hace aguas en el país. No sólo el control del orden público y el combate a la delincuencia, violencia y terrorismo, parecen estar naufragando frente a la mirada displicente de la clase política, sino que también de un ausente Ministerio del Interior, misma entidad que debiese ser la principal responsable de la coordinación y gestión de la seguridad pública, sin embargo, se ha visto sobrepasado en el manejo de la crisis de violencia urbana y rural que golpea al país, día tras día. Los chilenos seguimos preocupados, cansados y atemorizados ante un Estado pasivo e indolente en materia de seguridad ciudadana y orden público.

La falta de voluntad política y de liderazgo y, por qué no decirlo, de coraje, de las autoridades políticas para abordar este flagelo, con decisión y convicción, no es algo reciente. De hecho, basta ver cómo los resultados y propuestas del Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública, suscrito el 2018, anunciados en su momento con bombos y platillos, deambulan como fantasmas por los pasillos del Ministerio del Interior. La lentitud y descoordinación que muestra el avance de la agenda de seguridad, nos recuerda la incapacidad del Estado en la gestión de los asuntos públicos.

Para aquellos nostálgicos que aún creen que el Estado es el mejor asignador y administrador de los recursos públicos, la ineficiencia y ineficacia en el combate a la delincuencia debería servir como ejemplo para dejar de insistir en aumentar el tamaño del Estado, como única respuesta para solucionar las necesidades sociales. Lamentablemente, la seguridad -y el uso legítimo de la fuerza que conlleva- es una función primordial e indelegable del Estado y, si éste fracasa en dicha tarea, lo único que tendremos es el desorden e inseguridad que observamos diariamente en la Macro Zona Sur y en Plaza Baquedano. La respuesta de los políticos, como era de suponer, consiste en crear un nuevo ministerio de seguridad pública, que sólo aumentará la burocracia y terminará siendo el preciado botín de algún partido.

El reciente ataque incendiario al monumento al General Baquedano, nos recuerda, por otra parte, el fracaso del Estado de Chile en el control de la violencia urbana. Ante la imposibilidad de protegerlo y defenderlo, no faltarán quienes propongan trasladarlo de lugar. Recordemos que el propio Ejército solicitó al Ejecutivo poder asumir la custodia del monumento, pero la respuesta fue obvia: solicitud denegada, reflejando con ello la desconfianza política del Ejecutivo en los uniformados para el control del orden público. Y en ello recae, quizás, el talón de Aquiles del Gobierno. Aún a sabiendas de tratarse de un monumento nacional -cuyo daño conlleva una alta pena como delito-, las fuerzas policiales se ven impedidas de detener a sus autores por flagrancia y de proteger la estatua, en uso de sus atribuciones legales, porque saben que no cuentan con el respaldo político del Gobierno. La ausencia de apoyo político al accionar de nuestros Carabineros, se traduce en una sensación, cada vez más generalizada entre los chilenos, de que la anarquía y el terror reina en nuestras calles y barrios.

Y, entonces, ¿Quién defenderá al General Baquedano? Ciertamente no encontraremos esa respuesta en un Gobierno que juega sus minutos de descuento y que carece del liderazgo necesario en el control del orden público. Cuesta entender la falta de empatía y entendimiento del Gobierno con lo que es hoy la principal prioridad de los chilenos. Los problemas de seguridad ciudadana y de orden público se resolverán, tanto en Plaza Baquedano como en el resto del país, si hay una voluntad política firme y convicciones profundas del daño que la delincuencia y violencia nos causan como ciudadanos. Mientras ello no ocurra, que Dios salve a Baquedano y a nuestro país.

/Escrito por Francisco Orrego para El Líbero

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