Es probable que desde niños hayan soñado con desfiles. Muchos desfiles y estrellas en sus hombros y solapas. Pero lo que posiblemente no soñaron entonces era que desfilarían también por la fría oficina de la ministra en visita de la Corte Marcial Romy Rutherford, quien ha ido develando el desvío y derroche de platas destinadas a gastos reservados.

En los últimos meses, el edificio de la esquina mítica de Morandé con Compañía ha sido el escenario del caminar erguido de tenientes, coroneles, generales y los más altos mandos del Ejército de Chile.

Y todo indica que la marcha se apronta a recibir a un tercer excomandante en jefe de la institución. En los pasillos de Tribunales se comenta que el próximo exmilitar que deberá enfrentar un interrogatorio de Rutherford es Óscar Izurieta Ferrer. La exautoridad castrense, quien tras dejar el Ejército fue subsecretario de Defensa, ya cuenta con abogado defensor: el conocido penalista Luis Ortiz Quiroga. Las menciones a su persona en los procesamientos de sus antecesores que hoy están presos –los generales (R) Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo– hacen inminente su comparecencia y se espera que en los próximos días se curse su citación en calidad de inculpado.

La citación iba a ser pronto. Pero la carta de navegación de Rutherford se detuvo por unos instantes esta semana, tras la presentación de una serie de amparos por parte de la defensa de Oviedo. En una estrategia judicial quirúrgica, los abogados de este último lograron que la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) reiterara y aclarara que la suspensión que decretó en enero de este año era para toda la causa que afectaba a Oviedo y no solo para uno de los 30 cuadernos (o aristas) que tramita la jueza en la indagatoria, conocida como “fraude en el Ejército”.

OSCAR IZURIETA, EX COMANDANTE EN JEFE DEL EJÉRCITO. FOTO: AGENCIA UNO

Respecto de Izurieta, en la investigación hay varios indicios de que la práctica delictiva descubierta por la magistrada en los casos de Oviedo y Fuente-Alba puede haber sido heredada del periodo en que Izurieta Ferrer fue comandante en jefe (2006 al 2010). Las sospechas se sustentan en las declaraciones de dos testigos clave que manejaban las remesas de gastos reservados de la Comandancia en Jefe. Se trata del coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. Ambos en sus interrogatorios aluden al periodo de Izurieta. El primero, a fojas 3844, declaró que los dineros que provenían de gastos reservados se denominaban “fondos extraordinarios” o de “libre disposición”, y que cuando él tuvo que hacerse cargo de la entrega de estos dineros en efectivo, Cortés le hizo una exposición en 2014 en presencia de Oviedo. En esta suerte de presentación, se le detalló que los comandantes en jefe anteriores contaban anualmente con US$ 1.300.000 anuales y que eso se debía continuar con el entonces nuevo “número uno”, Humberto Oviedo.

El exalto oficial declaró también que “en la época del general Oviedo, los pagos que se hicieron con recursos de “libre disposición para el comandante en jefe alcanzaron una suma aproximada de $ 750.000.000”, y que “lo mismo se hacía en el periodo del general Izurieta Ferrer”, con un gasto similar al de Oviedo.

Izurieta, además, aparece mencionado en la declaración del general (R) Fuente-Alba, quien confirma a la jueza Rutherford el pago de una mesada de $ 800 mil mensuales a excomandantes en jefe y que uno de los receptores de estos montos era Óscar Izurieta.

A diferencia de Fuente-Alba, Oviedo no quiso declarar cuando fue citado como inculpado por la jueza Rutherford. Parapetado en la estrategia de su abogado Gonzalo Rodríguez, el exmilitar repitió cuantas veces fue necesario que la causa había sido suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) cuando la jueza Rutherford llegó hasta su domicilio, el martes 25 de junio. En estricto rigor, el sistema penal antiguo exige esa diligencia -la citación a declarar- para poder dar curso a un procesamiento, tal y como lo concretó la magistrada el sábado 29, solo una hora antes de la medianoche.

LA MINISTRA EN VISITA, ROMY RUTHERFORD, TERMINA SU PERÍODO EN MARZO PRÓXIMO.

Se acaba el tiempo

Sin embargo, esta semana ha sido compleja para la jueza. La Primera Sala del Tribunal Constitucional asestó un duro golpe al aclarar que para ellos -tal como el propio Oviedo lo dijo- la causa está suspendida desde enero, cuando los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero y José Ignacio Vásquez procedieron a otorgar esta medida. La jugada, dicen fuentes de tribunales, impedirá que Rutherford avance en la acusación y posterior condena de Oviedo. Esto, porque en su resolución el TC sostiene con mayor énfasis que la indagatoria está paralizada en todos los cuadernos que ella indaga por mandato de la Corte Suprema y que tienen que ver con defraudaciones en el organismo castrense.

Al igual como ya lo han hecho otros oficiales involucrados en el caso, no se descarta que al ser citado a declarar, la defensa de Izurieta haga lo mismo y recurra al TC, impugnando el secreto de sumario de la justicia militar.

Eso complicaría más la investigación de la jueza, quien ya trabaja contra el reloj considerando que su función como ministra de la Corte Marcial concluye en marzo de 2020 y por ley no es prorrogable. Será entonces el turno de otro de los tres ministros o ministras de la Corte de Apelaciones santiaguina que -por sorteo- sea nominado para asumir la posta que dejará la magistrada con estas investigaciones.

En el propio Ejército destacan la celeridad con la que ha actuado Rutherford. En los expedientes -entre archivadores y cuadernos ya suman 803 tomos- se logra vislumbrar la pericia que tiene la jueza al momento de interrogar. A Fuente-Alba, por ejemplo, lo hizo confesar una serie de actuaciones que hasta el minuto en que lo citó solo habían sido referidas por testigos. También consta en la indagatoria cómo la magistrada logró que un exjefe de Inteligencia del Ejército, Sucre Elgueta, se “quebrara” y en vez de ampararse en la Ley de Inteligencia -como el resto de sus colegas- decidiera entregar un dato que ha sido fundamental en los encausamientos de los excomandantes Oviedo y Fuente-Alba.

Fuente-Alba
FUENTE-ALBA FUE COMANDANTE EN JEFE HASTA 2014.

Los excomandantes habían asegurado que los gastos reservados fueron destinados a maniobras de inteligencia que, por razones de seguridad nacional, no pueden ser dadas a conocer. Sin embargo, Elgueta sostuvo ante Rutherford -luego de que esta le exhibiera los montos ocupados- que al menos para labores de inteligencia a su cargo en el Ejército había ocupado sumas considerablemente inferiores. El exgeneral habló de hasta 40% de los montos que ella le entregó.

Humberto Oviedo
HUMBERTO OVIEDO.

Por otra parte, en el Ejército hay varios que sostienen que esta investigación de la jueza a Comandancia en Jefe podría incluso poner en un escenario complejo al propio actual número uno del Ejército. En el auto de procesamiento de Oviedo aparece mencionado más de una vez Ricardo Martínez, incluso en un viaje que habría hecho con su esposa. No son pocos los que al interior de la institución castrense se preguntaron si acaso dichas menciones que no tenían que ver con actuaciones de Oviedo eran un mensaje para la máxima autoridad actual.

Sea cual sea la tesis, lo cierto es que el camino trazado por Rutherford podría cambiar completamente de dirección. El tropiezo que tuvo esta semana con la aclaración del TC de que la causa estaba suspendida en su totalidad fue atentamente observado desde el segundo y tercer piso del Palacio de Tribunales, donde están encajados los despachos de los ministros de la Corte Suprema.
Es esa corte la que, con la resolución del TC en mano, decidirá esta semana si las actuaciones de Rutherford fueron legales o se tomó una ruta demasiado propia.

/Escrito por Leslie Ayala para La Tercera

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