«El Gobierno de Chile solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos que entregue el informe y todos los antecedentes y evidencias que lo sustentan a la Corte Penal Internacional, que en virtud de una solicitud de Chile y de otros países está ya conociendo los delitos de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela», dijo el Presidente Sebastián Piñera, desde el Palacio de La Moneda.

De esta forma el Mandatario se unió a una diversidad de voces que solicitan que el texto sobre Venezuela elaborado por la oficina de Michelle Bachelet en la ONU sea llevado ante el tribunal internacional. El documento fue difundido el jueves y presentado formalmente por la Alta Comisionada en el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos ayer.

En sus 18 páginas hace una radiografía de la gravedad de la crisis venezolana, pasando por la salud, la alimentación, la existencia de presos políticos, desapariciones forzosas, torturas y ejecuciones extrajudiciales y urge al gobierno de Nicolás Maduro a tomar medidas para detener las violaciones de DD.HH.

No obstante la gravedad de las situaciones que describe, el documento en sí mismo no constituye una evidencia para sentar a Maduro en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional.

“Solo el Estado viola los DD.HH. Otra cosa son los crímenes internacionales de los cuales se acusa a personas individuales. Sujetos con nombre y apellido. Al leer el informe de la Alta Comisionada, se determina que el Estado viola los DD.HH., que no garantiza los derechos fundamentales, que ha pecado por acción u omisión. Todas las cosas horribles que leímos allí. Pero solo se hacen dos menciones: al Defensor del Pueblo, del que señala que no cumple con su trabajo, y al Fiscal General de quien dice que no ha hecho lo que tiene que hacer, ambos como funcionarios del Estado”, explica la abogada y negociadora por Venezuela del Estatuto de Roma, Milagros Betancourt.

La profesora de Derecho Internacional argumenta que si bien el texto es una evidencia a analizar, “en absoluto”, constituye una prueba para apuntar a Maduro. “Son evidencias de cuál es la situación que vive el país. Hay elementos puntuales, que están establecidos, pero las responsabilidades personales las tiene que establecer la Corte y determinar si todos esos hechos horrorosos constituyen crímenes de lesa humanidad, porque pueden constituir delitos ordinarios, debido a que el crimen de lesa humanidad tiene unas características específicas. Ese es el trabajo que, se supone, está haciendo la Corte”.

Coincide la abogada experta en Derecho Internacional Catalina Fernández: “Es difícil que el informe pueda presionar sobre un individuo en particular, dado que todavía el nivel de evidencia es muy general. Sin duda hay crímenes y víctimas, pero se requiere más evidencia para identificar a los autores en específico”.

Venezuela está en la segunda fase del examen preliminar

Venezuela ha estado en examen preliminar desde el 8 de febrero de 2018. Al momento, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, había recibido un total de 110 comunicaciones, atendiendo al artículo 15 del Estatuto Roma, que daban cuenta de “presuntos crímenes” que serían de potencial competencia del tribunal. 43 de esas misivas se vinculaban a hechos ocurridos desde abril de 2017.

A eso se sumó la remisión de un grupo de Estados parte del Estatuto (Chile, Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay y Perú), el 27 de septiembre de 2018, de una solicitud a la Fiscal para que “inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”, a fin de determinar a los responsables.

Luego de que se hiciera público el informe de la Alta Comisionada comenzó a circular una petición de firmas de ONG y asociaciones civiles venezolanas para respaldar el texto de la Oficina de DD.HH. de la ONU y solicitar a Bachelet que remita el informe a la CPI. Lo que se une a los llamados de figuras como el Presidente Piñera, el opositor venezolano Antonio Ledezma, el director de Human Rights Watch José Miguel Vivanco, el ex Presidente de Colombia Andrés Pastrana, o la eurodiputada española, Beatriz Becerra.

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explica que el caso venezolano se encuentra en la Fase 2, de cuatro, del examen preliminar, que consiste en determinar la existencia de delitos que sean competencia de la Corte. Ya pasó por la recepción y recopilación de información, y estarían pendientes las fases de “complementariedad”, en la que se determina si los tribunales nacionales tienen la intención o la capacidad de procesar esos delitos, y el último paso es definir si hay “interés de la justicia”.

Para Daniels, el informe de la Alta Comisionada cobra relevancia en la medida que “determina la existencia de patrones. Esto es muy importante porque ese es el requisito más delicado de los delitos de lesa humanidad: que sean patrones sistemáticos y generalizados. Y eso es lo que está ahí. Obviamente eso es parte de la investigación, porque la Corte no determina la responsabilidad del Estado o del Gobierno. Determina la responsabilidad de individuos. El texto sería un elemento más, pero no el único, porque faltaría determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas en esos crímenes”.

Cuando los Estados Parte remitieron su solicitud a La Haya uno de los documentos que adjuntaron fue el informe elaborado por un Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y presentado a la Secretaría General de la OEA el 29 de mayo de 2018. A diferencia del informe de Bachelet y de los dos textos previos del Alto Comisionado anterior Zeid Ra’ad Al Hussein, este tiene una sección denominada “cadena de mando” en la que se señalan, entre otros, a: Nicolás Maduro, Presidente de la República; Tareck El Aissami, ex Vicepresidente; Jorge Arreaza Montserrat, actual Ministro de Relaciones Exteriores; Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación e Información; Delcy Eloina Rodríguez, actual Vicepresidenta; y Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa.

La especialista Catalina Fernández explica que al no haber llegado a la etapa de investigación todavía no hay individuos específicos identificados como autores. “Es un poco pronto para saber si podría servir para imputar específicamente a Maduro. Aunque es común que la Corte Penal Internacional busque sancionar a los más altos líderes y no a los mandos medios o bajos”. Agrega que el informe de la OEA y los de la ONU pueden ser utilizados en caso de que la Fiscal Bensouda decida abrir una investigación, “pero por sí mismos no son suficientes para una condena, que debe acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable”, por lo que también son necesarios otros insumos como testigos, documentos del gobierno o videos.

No existen plazos preestablecidos para saber cuánto tiempo más puede permanecer Venezuela en la fase de examen preliminar. “Depende total y absolutamente de la actuación de la Fiscalía. No interviene nadie más. Hay que esperar que la Fiscalía vaya completando esa fase, que ella mismo diseñó, para ir avanzando”, señala Betancourt y, agrega, que si Bensouda lo quiere acelerar podría hacerlo.

“El informe de la Alta Comisionada tiene tantos elementos y evidencias de las violaciones masivas de los DD.HH. que le pueden servir a ellos para determinar si todas esas masivas violaciones, o algunas de ellas, constituyen crímenes de lesa humanidad. Son evidencias que pudieran probar que en Venezuela hay una política sistemática de violación de DD.HH. humanos, que pueden traducirse en la comisión de crímenes internacionales”, subraya la abogada venezolana.

El efecto Bachelet

Los efectos de divulgar el informe comenzaron a verse en Venezuela. La Alta Comisionada dijo a la prensa ayer que a los pocos días de su visita hubo 62 excarcelaciones, y el jueves se dictaron medidas sobre otras 22 personas, incluido el chileno-venezolano Braulio Jatar. Si bien Bachelet dijo que él había sido liberado, el mismo Jatar aclaró que no está en libertad plena, pues debe presentarse en tribunales cada 15 días.

Para Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic, que atiende a víctimas de la violencia política, en Venezuela el eje transversal de la violencia y de la crisis de derechos humanos tiene que ver con la crisis institucional y la corrupción del Poder Judicial. “En Venezuela se ha reducido progresivamente la tutela de las víctimas. El 98% de los casos de violaciones de DD.HH. no llegan a juicio, eso habla de una impunidad que no es aislada, sino un patrón en los casos de violaciones a DD.HH. Cualquier investigación que se emprenda en Venezuela tiene que hacerse con expertos independientes. Por eso es tan importante la posibilidad de que organismos como las Naciones Unidas y la oficina del Alto Comisionado tengan una presencia gradual en Venezuela que ayude a recuperar la institucionalidad”, dice.

Añade que en ese sentido, es importante mantener el compromiso que hay entre la Oficina de la Alta Comisionada y Maduro de permitir la presencia de dos oficiales de DD.HH. en el país, “que puedan visitar a los detenidos sin condiciones y en grado de confidencialidad. Que puedan desplazarse sin mayores limitaciones en el interior del país y que puedan continuar documentando y recibiendo denuncias de casos de derechos humanos; eso tiene un valor fundamental. Esta no es una situación cualquiera. Aquí hay una crisis que ha sido suficientemente documentada, no solo por las Naciones Unidas, también por el Sistema Interamericano”.

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