Cuando los niños realizan una mala acción, mienten, roban, o le pegan a un amigo o compañero, sus padres, tutores o adultos responsables les explican que lo han hecho mal, los corrigen, y si la acción se reitera, los castigan.

Si al niño no se le explica, corrige o castiga, según sea el caso, el niño sabrá que no hay consecuencias de la mala acción, y por tanto, la repetirá o incluso agravará la falta, probando hasta donde puede actuar sin consecuencias, o hasta donde puede estirar el elástico.

Esto no debería sorprender a nadie, a nosotros nos educaron así, y así también tratamos de educar a nuestros hijos.

En efecto, los psicólogos y expertos en comportamiento indican que para educar a los niños es necesario comunicar, poner límites y establecer consecuencias de las acciones, lo que no es otra cosa que – desde el punto de vista económico -, establecer incentivos o zanahorias para las buenas acciones, e imponer castigos o aplicar el garrote para las malas.

Lo anterior no es distinto en todo el resto de ámbitos de la vida.

En las sociedades modernas, los ciudadanos nos organizamos a través de un gobierno y un Estado, al que pagamos a través de la recaudación de un porcentaje del fruto de nuestro trabajo – los impuestos – para que se preocupen de la administración del país, entre la cual, una de sus principales funciones es el orden y la seguridad.

Esto implica, que para la sociedad como un todo, no son los padres, sino el Estado el que, a través del Ministerio del Interior y el uso de las fuerzas de orden y seguridad, debe educar a sus gobernados. Los límites han sido establecidos en las leyes y normas, que a su vez también establecen las consecuencias de violar esas leyes y normas.

El día de ayer se reportaron al menos cuatro ataques incendiarios en la región de la Araucanía, la semana pasada hubo otros cuantos, uno de los cuales fue en una propiedad que estaba ya tomada en Panguipulli, y antes de esos muchos más, en Lautaro, Lanalhue, Cañete, la localidad de Quidico, en Tirúa, donde van 48 casas quemadas, Contulmo, etc., etc., etc. Ni hablar de la zona de la Plaza Baquedano, que desde hace más de un año vive todos los viernes el fruto de la violencia desmedida.

El Ministro del Interior ha salido rápidamente a rechazar y condenar estos actos de violencia, que a mi juicio son actos de terrorismo, pues buscan aterrorizar a los ciudadanos del sector. Pero no es labor del gobierno, ni del Estado, ni del Ministro del Interior condenar y rechazar la violencia, delincuencia y terrorismo, esa es nuestra responsabilidad, la de los ciudadanos de a pie.

La responsabilidad del gobierno, del Estado y del Ministro es combatir y eliminar esa violencia, y utilizar las herramientas que los ciudadanos hemos establecido a través de las leyes y constitución para hacerlo, es decir hacer uso de las fuerzas de orden y seguridad.

Si el Estado no reacciona aplicando toda la fuerza para combatir la delincuencia, la violencia y el terrorismo, sus autores seguirán ejecutando estas detestables acciones e irán cada día un poco más allá. Tal como lo hemos comprobado hasta ahora.

De este modo, lamentablemente el crecimiento de la violencia en la Araucanía y de la delincuencia en todo el resto del país, no es culpa de los chanchos o delincuentes y violentistas, sino de quien los alimenta a través de la inacción, que no es nada más ni nada menos que un Estado pusilánime, al que además estamos pagando un sueldo con el esfuerzo de nuestro trabajo y que no ha cumplido con su tarea básica, que es garantizarnos seguridad y orden.

Por Michèle Labbé, economista, para El Líbero

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