El martes pasado, en el marco de la ceremonia del Juramento a la Bandera realizada en la Escuela Militar, el Presidente Sebastián Piñera sorprendió con la firma de un decreto que brinda atribuciones a las FF.AA. para que puedan combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras terrestres de Chile.

Una decisión que generó controversia por los eventuales alcances de la medida, con un fuerte rechazo desde la oposición e incertidumbre sobre cuáles son los detalles exactos de las atribuciones que serán conferidas.

En ese contexto, La Tercera accedió al decreto firmado por el Mandatario, y que fue enviado a la Contraloría para su revisión en detalle para ver si cumple con los requisitos para ser promulgado, por lo cual aún puede sufrir modificaciones antes de su publicación.

En el texto, compuesto de dos artículos, se indica como considerandos que conforme al artículo 5°, letra d) de la Ley N° 20.424 del Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, éste es justamente “el colaborador del Presidente de la República en las materias de defensa y seguridad exterior reguladas en el artículo 32 de la Constitución Política de la República”.

Y se plantea además que “en el marco de la vigilancia fronteriza y de la coordinación necesaria para ella”, es el Ministerio de Defensa, la Marina Mercante y la DGAC las que integran el “Consejo Asesor para la Coordinación y Unidad de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado”.

“Narcotráfico y crimen organizado transnacional”

“Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y la familia”, es otro de los argumentos que presenta el documento, añadiendo que las “amplias” y “extremas” características geográficas y climáticas de las fronteras nacionales constituyen condiciones objetivas que obligan a que determinados sectores fronterizos “sean reforzados, con miras a la prevención, detección y control de ilícitos asociados al narcotráfico y al crimen organizado transnacional”.

Por estas razones es que se solicita que se autorice la colaboración de las FF.AA. con las autoridades civiles y policiales “para actuar en relación a actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional”.

Además, se indica que para materializar esto se faculta al ministro de Defensa para “suscribir”, por orden del Presidente Piñera, los decretos supremos que “ordenen la organización y distribución de unidades de las Fuerzas Armadas” para permitir el despliegue de unidades terrestres, aéreas y/o marítimas con el fin de colaborar en apoyo logístico, tecnológico y de transporte en las zonas fronterizas.

Y finalmente se apunta en el documento que será el titular de Defensa -en el caso actual, Espina- el que podrá nombrar a los a los mandos militares que tendrán la misión de asumir “el control operacional de las unidades” que se asignen para la labor de combate del narcotráfico y el crimen organizado. Explicándose, además, que se entiende por “control operacional” la facultad delegada a un comandante “para planificar y conducir” las actividades que los efectivos asignados, con el fin de que “pueda desempeñar misiones o actividades específicas, limitadas por función, tiempo y lugar”.

Polémica por el decreto

Desde la firma del decreto por parte del Presidente han surgido diversas dudas respecto del rol que los efectivos cumplirían, y si ejercerían labores de control migratorio, un punto que fue descartado por Espina, quien como ministro de Defensa es el designado por decreto para dirigir y controlar las operaciones que las FF.AA. realizarán en las fronteras.

“El tema migratorio corresponde a Carabineros e investigaciones, no a las Fuerzas Armadas, salvo en el mar, donde la Armada de Chile de hace muchos años cumple una labor la policía marítima, pero la labor nuestra es enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, indicó el secretario de Estado.

“Lo que las Fuerzas Armadas van a hacer en esta materia (es que) si descubren que hay zonas por donde están ingresando ilegalmente personas van a entregar la información a Carabineros y a Policía de Investigaciones para que ellos actúen. Eso es lo que les corresponde hacer”, aseguró.

Aún así, las críticas parlamentarias siguieron, lo que llevó al mismo Mandatario a salir a defender la firma de este decreto: “Sé que algunos han manifestado críticas, pero yo quiero decir que como presidente de Chile estoy absolutamente convencido de que mi deber y obligación es proteger a los niños jóvenes y todos nuestros compatriotas del flagelo de la droga”, dijo Piñera.

Enumerando las razones que lo llevaron a adoptar su decisión, siendo una de ellas “el consumo de drogas en nuestro país está creciendo. Los niños y jóvenes chilenos están en el primer en el consumo de droga, cocaína y pasta base. Y ese es un lugar que no queremos mantener”. Agregó que “la producción de drogas de dos países limítrofes, como Perú y Bolivia” estaba llegando a “niveles récord” y, en tercer lugar, señaló que “la incautación de drogas en nuestro país sigue siendo muy significativa, lo cual muestra de que hay un tráfico de droga y que gran parte entra por la frontera del norte”.

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