Uno de los acuerdos a los que llegó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet con el gobierno de Nicolás Maduro,al finalizar su visita de tres días a Venezuela, fue que su equipo iba a tener acceso pleno a los centros de reclusión para monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. La información la suministró la propia Bachelet en su declaración del 21 de junio frente a los medios de comunicación.

«Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela», fueron las primeras palabras que la Alta Comisionada dio esa noche, antes de irse del país petrolero.

Efectivamente hay dos funcionarios de su oficina en Venezuela. El mexicano Carlos de La Torre, a cargo de Venezuela de la sección de las Américas, y la española Sara Nuero Escobar, de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado.

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Jorge Arreaza M

@jaarreaza

Las instituciones del Gobierno Bolivariano y los Poderes Públicos recibirán en los próximos días a los miembros de esta misión técnica de la @UNHumanRights, con miras a la visita a Venezuela de la Alta Comisionada de ONU para los DDHH, @mbachelet.

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No ha transcurrido un mes desde aquella declaración. Sin embargo, en Venezuela ya hay quienes reclaman que el régimen de Nicolás Maduro violó los acuerdos. En primera instancia porque no se les permitió el ingreso a los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), señalados como los responsables de la muerte por tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

El militar inicialmente fue reportado como desaparecido el viernes 21 de junio, cuando la Alta Comisionada todavía estaba en Venezuela. En los siete días siguientes ni sus familiares, ni sus abogados, tuvieron acceso a él. Fue trasladado ante un tribunal militar el 28 de junio. Allí llegó con signos de tortura, el juez que vio su caso ordenó su traslado a un hospital y en la madrugada del 29 de junio falleció.

El 2 de julio, la periodista especializada en el área militar Sebastiana Barráez escribió un artículo en el que reportaba que los funcionarios de la oficina aún no habían logrado reunirse con ninguno de los militares presos y torturados.

«La respuesta de Guerrero Mijares -coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, director de Investigaciones de la DGCIM-, a los representantes de la ONU que han solicitado entrevistarse con algunos militares en la DGCIM es que no se puede hasta que no reciba la orden de aprobación por parte de su superior, que debe darla el mayor general Iván Hernández Dala, director de Contrainteligencia Militar», relata la periodista.

No se han ejecutado libertades de presos políticos y no creo que en lo sucesivo se produzcan. Ojalá me equivoque. El gobierno sigue arremetiendo. Lo que viene para nosotros los venezolanos es bastante grave y fuerte porque al gobierno lo que le queda es represión y propaganda política», afirma el abogado y activista de DD.HH., Joel García.

Al día siguiente, los familiares de los militares detenidos en la DGCIM protestaron en las cercanías de su sede, luego de que la abogada y defensora de los derechos Humanos y Directora Ejecutiva de Casla Institute, Tamara Suju, denunciara un motín de los allí detenidos. También exigieron la presencia de los representantes de la ONU.

Un tercer hecho relacionado con Acosta Arévalo reclamó la presencia de los delegados de la Alta Comisionada. El 10 de julio, a más de una semana de su muerte, finalmente las autoridades accedieron a entregar el cuerpo del capitán para su entierro. No obstante, los cuerpos de seguridad controlaron todo el proceso, lo entregaron en un ataúd sellado y decidieron el lugar de la inhumación. Trascendió que el accionar militar y policial estuvo antecedido por órdenes expresas de no permitir el acceso de los oficiales de DD.HH. a la morgue, ni al cementerio. 

Ana Leonor Acosta, abogada y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (ONG que lleva el caso del militar), confirmó que se han reunido con los delegados, quienes “están muy pendiente del caso” y están trabajando, “dentro de lo que les permite el tema protocolar y la Cancillería, para llegar al fondo de la verdad”.

/Escrito por Emily Avendaño para El Líbero

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