Suspender la consulta indígena por 15 días y cuya pausa podría ser renovada dos veces más, hasta cumplir los 45 días, fue la resolución exenta -que no necesita ser aprobada por Contraloría- firmada ayer por el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, y que pone en duda la continuidad del cuestionado proceso iniciado por su antecesor, Alfredo Moreno.

Y es que incluso, según consignó La Tercera, Sichel no descarta cancelar definitivamente la consulta. Esto, en medio de las críticas tanto de algunos pueblos originarios como de partidos de oposición, quienes acusan que no existió un diálogo ni consentimiento previo a iniciar el proceso que consistía en la discusión de 11 propuestas a través de asamblea desarrolladas en distintos puntos a lo largo del país.

De hecho, los cuestionamientos a la medida derivaron en diversos hechos de violencia registrados en distintas regiones, sumado a que de los 139 talleres que contemplaba el proceso solo se pudieron concretar 79, según indicó el rotativo firmado por Sichel.

“Fue una consulta que no fue de buena fe”

Al respecto, la diputada por La Araucanía, Emilia Nuyado (PS), expuso que “me parece que es una de las decisiones más serias que pudiera tomar el ministro Sichel (…). Fue una consulta que no fue de buena fe, que fue impositiva, que no hubo consentimiento previo, libre ni de información adecuada”.

“Las 11 medidas no fueron con el consentimiento de los pueblos, por lo tanto iba a terminar afectando”, aseguró la legisladora, agregando que “lo único que hacía era flexibilizar los arriendos y la venta de tierra al empresariado en el territorio mapuche y eso también iba a terminar afectando a los más pobres”.

Esta decisión, continuó Nuyado, “ha dado cuenta de que en realidad hubo una resistencia de todos los pueblos, y escuchar a los pueblos significa también haber tomado esta decisión, que ojalá no sea por 45 días, sino que la retirada sea definitiva y que cualquier consulta que se pudiera ingresar debe tener el consentimiento de los pueblos”.

En la misma línea, el senador Felipe Harboe (PPD), sostuvo a este mismo medio que esto se trata de un fracaso y que “evidentemente es un proceso mal llevado, así que yo lamento profundamente que hayan tenido que llegar a suspenderlo, pero se advirtió en su oportunidad que estaban con problemas”.

“El ex ministro Moreno no quiso entenderlo y ahora valoramos que Sichel lo haya suspendido, y lo más probable es que se cancele. Es un proceso mal llevado”, recalcó.

“La consulta se frenó por la presión violentista”

Por otro lado, desde Chile Vamos, el presidente de RN, Mario Desbordes, aseguró que “la consulta se frenó fundamentalmente porque se terminó cediendo a la presión de violentistas”, tras la reunión de los viernes del conglomerado.

“Grupos violentos organizados políticamente que interrumpieron e intervinieron en las reuniones a puñetes, a golpes, rompieron incluso salones enteros”, enfatizó. Por ello manifestó que “espero que el Gobierno no ceda y no le doblen la mano a nuestro Gobierno estos violentistas que quieren impedir que haya una consulta”.

Y recalcó: “Si hay algo en la consulta que deba corregirse, espero que se corrija y le hago un llamado al Gobierno a corregir eso y no ceder ante la presión de violentistas y continuar con la consulta”.

Mientras que desde la UDI, el diputado Issa Kort , evitó entrar a criticar la suspensión de la consulta y sostuvo a Emol que “el Gobierno tiene que actuar con responsabilidad, por lo tanto si la decisión de suspender obedece a que el resultado o la metodología asegure el objetivo, creo que es lo correcto”.

“Ahora el llamado es que la decisión que se tome, entremedio de esta suspensión, sea muy reflexiva, sea una decisión en que se consideren las aristas sociales, las aristas económicas, las aristas políticas y la decisión final sea responsable y ojalá consensuada de manera transversal”, concluyó.

/psg @Radio_Santiago