“Sabemos el nombre, la dirección y el teléfono del presunto remitente”, decía, apenas dos horas y media después de la explosión en la comisaría de Huechuraba, el Presidente Piñera.

Esa misma noche, en vivo desde La Moneda para los noticieros de televisión, el Presidente no repitió la “pista” del remitente, pero sí soltó un monólogo sobre delincuencia, narcotráfico y terrorismo, promocionó su programa Calle Segura, defendió el uso de las Fuerzas Armadas contra el tráfico de drogas y emplazó al Congreso a que “de una vez por todas apruebe la nueva ley antiterrorista”.

En cosa de horas, el ataque contra un cuartel policial y el atentado frustrado contra un exministro se habían convertido en insumos para la guerrilla política.

En ese clima, “tongo” se convirtió en la palabra más tuiteada, y los senadores de siempre hicieron sus aportes tragicómicos, insinuando “un atentado de la ultraderecha” (Navarro) o proclamando que “estos terroristas debieran ser castrados” (Moreira, quien aún no profundiza sobre la relación entre gónadas y bombas, ni qué castigo aplicar si la responsable del ataque es una mujer).

Al día siguiente, el ministro del Interior pidió “unidad de la ciudadanía”. “Esto no es para la pequeña política”, sostuvo.

Ya era demasiado tarde.

La templada reacción de líderes mundiales en momentos harto más trágicos ha demostrado el valor de la mesura frente a los atentados. No es fácil, claro: sacar provecho político del terrorismo es el primer instinto de cualquier gobierno, y más de uno tan adicto a las estrategias de cortísimo plazo como este.

Lo cierto es que el proyecto de ley corta antiterrorista fue enviado por el gobierno hace tres meses, y ya fue aprobado en la comisión respectiva del Senado. Establece medidas razonables, como los agentes encubiertos, que existen en otras democracias y, en Chile, están previstos para el combate al narcotráfico.

Pero ninguna ley reemplaza a una buena investigación policial. De hecho, sin nueva ley, el autor de los bombazos al Subcentro Escuela Militar y el Metro Los Dominicos fue juzgado y condenado a 23 años de cárcel. En cambio, en los atentados a Óscar Landerretche y posteriores, llevamos dos años y medio sin resultado alguno. Y en el primer caso bombas, la acusación que incluía “evidencias” como un póster del vocalista de Guns N’ Roses o los DVD de “La batalla de Chile” fue calificada por el juez de garantía como “argumentos de cuarta categoría y sociología barata”. Mientras el caso se hundía, el fiscal a cargo saltaba del barco para aceptar un cargo en el gobierno.

Estas fallas abren el debate sobre “inteligencia”, una palabra grande que suele tener usos pequeños. Fue precisamente al amparo de la ley de inteligencia que Carabineros inventó evidencia para arrestar a ocho comuneros mapuches por terrorismo.

El principal formalizado por el montaje era el jefe de Inteligencia de Carabineros de Chile.

Las Fuerzas Armadas tienen un presupuesto reservado para “inteligencia”. El excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba aseguró en cuatro declaraciones juradas ante la Contraloría que los fondos “fueron destinados a actividades de inteligencia, contrainteligencia y seguridad”.

En verdad, según confesó luego Fuente-Alba, él inteligentemente desviaba entre $ 700 millones y $ 800 millones anuales para gastos personales, como regalos, banquetería y flores, además de pagos en efectivo a excomandantes en jefe y otros generales.

El mundo opaco de la “inteligencia” es terreno fértil para chantas como el “profesor” Álex Smith, quien, premunido de su labia y un título falsificado de técnico, convenció a los expertos en “inteligencia” del Estado de Chile de que había creado un programa único en el mundo, capaz de interceptar mensajes de WhatsApp.

O como Lenin Guardia, el informante clave de los organismos de “inteligencia” de la transición, quien vendía información sobre atentados con sobres-bomba. Él mismo mandaba los explosivos.

O Rubén Zito Aros, el excarabinero formalizado por instalar micrófonos en la Sofofa para descubrirlos y así vender mejor sus servicios de “inteligencia”; el mismo caso que Piñera aseguró, citando “fuentes confiables”, que “tiene que ver con relaciones de parejas”.

¿Necesitamos mejorar la ley antiterrorista y el sistema de “inteligencia”? Sin duda. Pero eso no se logra con política partisana, sino con controles estrictos que nos permitan vigilar a los vigilantes. Así se podrá confiar en que ese poder y ese dinero se usarán para combatir efectivamente al terrorismo, y no para montajes, desfalcos y chapucerías.

De lo contrario, habrá que seguir escribiendo “inteligencia” entre comillas.

/Escrito por Daniel Matamala para La Tercera

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