Mientras los académicos siguen discutiendo acerca de la definición de lo que es terrorismo y las formas en que éste debe perseguirse, el país se vio remecido la semana pasada por un atentado con un artefacto explosivo en la 54 Comisaría de Huechuraba y el envío de otra bomba a las oficinas del ex ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter, con una carga explosiva que pudo provocarle la muerte. Para algunos, la colocación de bombas de alto poder destructivo no sería suficiente para calificar un acto como terrorista, y se explayan en latas discusiones acerca de los requisitos que debieran cumplirse para merecer dicha calificación. La muerte de dos ancianos en Vilcún luego de un ataque incendiario en medio de la noche perpetrado por un grupo de comuneros mapuches tampoco fue considerada por algunos como un acto terrorista.

Esta discusión se produce no solamente por un afán académico: tiene consecuencias. La persecución de los delitos terroristas exige, de acuerdo a la experiencia internacional, facultades especiales a las policías que de otra manera tendrían muchas dificultades para identificar y detener a los autores de los delitos. Entre ellas típicamente está la intercepción de llamadas telefónicas. Así, quienes son muy exigentes en la calificación de un delito como terrorista afirman que, de no actuar de esa manera, se estarían violando las garantías de los acusados.

Un excesivo garantismo puede, siguiendo esa línea lógica, anular cualquier posibilidad de perseguir delitos terroristas. ¿Qué ocurre entonces con las garantías del resto de la población? Por lo mismo, y en base a la experiencia de países que han combatido eficazmente el terrorismo, debiera aplicarse un criterio prudencial que entregue suficientes herramientas a las policías y al mismo tiempo un mecanismo de control judicial de esas decisiones.

En el Senado, a raíz de diferencias entre senadores de oposición, la tramitación de una ley corta antiterrorista ingresada el mes de abril de este año que busca entregar a Carabineros y a la PDI medidas especiales para investigar este tipo de delitos no ha avanzado con la celeridad requerida. Por lo mismo el ministro Gonzalo Blumel, el día de los atentados, se comunicó con el presidente del Senado, Jaime Quintana, para solicitar que el proyecto, al que el gobierno calificó con suma urgencia y ya fue aprobado en la Comisión de Legislación, pueda discutirse con más rapidez y se vote en general en la Sala.

El proyecto consta de un artículo único que modifica el Código Procesal Penal, intercalando en el artículo 226 bis, que contiene el catálogo de delitos respecto de los cuales se aplican técnicas especiales de investigación, la referencia a las conductas que la ley califica como terroristas. De esta manera, lo que pretende la iniciativa es que, tratándose de delitos terroristas, procedan las técnicas especiales de investigación como la interceptación de comunicaciones, toma de fotografías o videos, agentes encubiertos, entrega vigilada, entre otras. Cabe señalar que el gobierno del Presidente Piñera presentó este proyecto ante la falta de avance de dos iniciativas para modificar la ley antiterrorista que no han tenido progresos en su tramitación en el Congreso.

La mesa del Senado, frente a los nuevos atentados, ha planteado que es posible que la iniciativa se discuta en general el 6 de agosto. Entre los comités de la oposición hay posturas distintas sobre la propuesta del Ejecutivo. Algunos senadores han señaladoque votarán a favor, pero otros anunciaron su rechazo.

En la DC hay diferencias sobre el proyecto. El senado Huenchumilla ha señalado que va a rechazar este proyectito del gobierno, porque es una sola frase y porque es dar herramientas de investigación para una ley que tiene cuestionamientos de forma y de fondo. Carolina Goic en cambio señaló que tiene disposición de avanzar con la ley corta, pero espera la modificación del proyecto, puesto que “no soluciona el problema”. Desde el PPD, en tanto, el presidente de la Comisión de Constitución, Felipe Harboe -quien dio el voto que permitió el avance del proyecto en esa comisión– ha dicho que volverá a votar a favor en la sala. Pero otros miembros de su partido, como el senador Jaime Quintana y Adriana Muñoz, han expresado dudas. En el Partido Socialista el más crítico ha sido el senador De Urresti.

En definitiva, parecen existir poderosas razones para tener un tratamiento penal especial, distinto del derecho penal clásico, para enfrentar fenómenos complejos como el terrorismo, flexibilizando el régimen de garantías y entregando mayores potestades a los entes persecutores. Como contrapartida, la institucionalidad se dota de mecanismos de contrapeso como resguardo institucional frente a potenciales excesos.Es de esperar que la oposición no bloquee esta iniciativa tan necesaria.

/escrito por Luis Larraín para Líbero

/gap