La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió a las nuevas sanciones aplicadas económicas desde el gobierno de Donald Trump hacia el ejecutivo de Nicolás Maduro.

La autoridad dijo estar profundamente preocupada por el impacto “potencialmente severo” que tendrían en los DD.HH. de los habitantes de Venezuela. “Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, apuntó Bachelet.

La Alta Comisionada reiteró que las causas de la crisis económica en el país latinoamericano son anteriores a la imposición de sanciones económicas, pero agregó que éstas están exacerbando los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria-, dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo.

Bachelet indicó que a pesar de que la orden ejecutiva no se aplica a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”, es posible que las sanciones lleguen a “exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela”.

Añadió que existe evidencia suficiente que muestra que esta medida puede tener efectos negativos amplios en los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria.

“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en el país”, concluyó Michelle Bachelet.

El pasado 5 de agosto el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para iniciar un bloqueo económico contra los bienes estatales del gobierno de Nicolás Maduro. Una medida que fue defendida por el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, quien explicó que servirá para aplicar presión contra el Palacio de Miraflores y acorralará al líder chavista. “Nos aseguraremos de que Maduro se quede sin vías financieras de mantenerse a sí mismo”.

Bolton explicó que estás restricción económicas no deberían afectar a la ciudadanía venezolana, ya que hay 21 items -relacionados con diversas actividades económicas- que no aplican a orden ejecutiva firmada por Donald Trump. “Nuestras acciones han sido precisas y pensadas para asegurar la protección del pueblo venezolano, para que tengan acceso a lo que necesitan para sobrevivir”.

Por otro lado, el líder opositor, Juan Guaidó, también aseguró que estas medidas no aplican a alimentos y medicamentos y además “protegen al sector privado que no hace negocios con una dictadura”.

“Esta acción busca proteger a los venezolanos”, consideró el presidente de la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del parlamentario significaron además que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decidiera suspender el proceso de diálogo que lleva adelante con la oposición en Barbados, a instancias de Noruega.

“El presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad en razón de la grave y brutal agresión perpetrada de manera continuada y artera por parte de la administración Trump contra Venezuela”, dice la declaración del Palacio de Miraflores.

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