Son cerca de las 17 horas del viernes y Bernardo Larraín Matte revisa sus apuntes antes de empezar esta entrevista. No han pasado muchas horas desde que el jueves el gobierno anunció la reducción de la jornada laboral a 41 horas semanales promedio en el trimestre. El presidente de la Sofofa advierte que aún falta saber el detalle de la indicación que enviará la autoridad, pero lo que ha leído no le parece una mala idea. Cree que más importante que la extensión de la jornada es la flexibilidad para negociar libremente. Lo que sí le preocupa es el proceso político, que incluye el Congreso y La Moneda. “Se está perdiendo capacidad de procesar las demandas y las inquietudes ciudadanas legítimas, y dar respuestas institucionales más que respuestas cortoplacistas”.

¿Le sorprendió esta indicación del gobierno y reemplazar la jornada laboral de 45 horas a la semana?

-Me parece un debate pertinente. Celebro que se haya generado a partir de una moción parlamentaria y por un proyecto de gobierno. Desde el mundo empresarial hay que empatizar con una sensibilidad que existe, vemos las virtudes que tiene el cambio tecnológico, y cómo requiere que el mercado laboral y la economía sean más flexibles. Pero hay que empatizar con el trabajador, que si bien valoriza la flexibilidad, al mismo tiempo dice apoyar la iniciativa parlamentaria de bajar la jornada de 45 a 40 sin flexibilidad. Concluyo entonces que si bien valorizan la flexibilidad, hay un temor de una cierta percepción de asimetría de poder entre la persona trabajadora y la empresa. Entonces tenemos que entrar en la discusión de esa asimetría, sea percibida o real.

¿Qué capacidad efectiva tienen trabajadores de lograr una negociación equiparada?

-Lo que uno observa es que sí se puede. Hay realidades empresariales donde se pactan jornadas distintas y lugares de trabajo distintos. Eso genera un win win, productividad para la empresa y calidad de vida para los trabajadores. No es un análisis teórico, lo veo en empresas. Pero me imagino que habrá otras compañías con una realidad distinta, donde la persona siente un cierto temor de que ese espacio de mayor libertad que introduce el proyecto del gobierno pueda ser usado en beneficio de la empresa más que de los trabajadores.

¿Qué propone hacer entonces?

-La respuesta tradicional ha sido establecer en la ley ciertas protecciones para los trabajadores, que me parece razonable, y además que se pacte con un sindicato. Sin embargo, hay que decir con mucha fuerza y franqueza, que en Chile sólo cerca del 20% de los trabajadores está sindicalizado. Por eso es esencial establecer una tercera alternativa: la libertad que se le da a las personas, de manera individual, para pactar una jornada diversa, en una conversación simétrica. En ese plano, hay un trabajo de Chile Mujeres, con la cual hemos conversado y también lo ha mencionado la senadora Goic, que plantea que el derecho de pedir una jornada especial es de los trabajadores. Eso hay que compatibilizarlo con el imperativo que tienen las empresas para ser más competitivas. Por qué no establecer ese principio, de derecho a requerirlo, pero al mismo tiempo que la empresa pueda ofrecer, de manera transparente, alternativas de jornadas con ciertos resguardos. Esto, para evitar el rechazo arbitrario o discrecional.

¿No le parece mal, como a otros miembros del sector empresarial, que se reduzca la jornada porque aumentan los costos?

-Más relevante que la extensión de la jornada, tanto del punto de vista de la calidad de vida de las personas, como del punto de vista de la productividad de las empresas, son los espacios de libertad para pactar jornadas diversas. Esa libertad es el principal factor que genera mejor calidad de vida y mayor productividad. Porque esa persona se siente realizada y por lo tanto comprometida con la empresa, y ese compromiso genera más productividad. No estoy de acuerdo en reducir la jornada laboral en una jornada rígida semanal como lo establece el proyecto de ley de la diputada Vallejo. Estoy muy distante.

En concreto, ¿en una reducción de jornada a 41 horas semanales en promedio en tres meses, no impactará salarios?

-Hay dos conceptos claves: gradualidad y flexibilidad. El valor de la flexibilidad puede compensar el costo de la menor jornada con aumentos de productividad por la mejor calidad de vida de las personas.

¿Hay estudios que digan eso?

-Hay. Se hizo uno cuando se bajó a 45 horas. Se hizo con gradualidad y no hubo grandes impactos. Pero eso no se puede replicar en la actualidad. No existía la automatización. Por eso es tan importante la flexibilidad. No puedo adelantar cifras.

Y dado que no se siente sorprendido…

-A mí lo que sí me sorprende negativamente es el proceso político. Un tema tan complejo, tan sistémico, donde hay que ver no solo el impacto en la calidad de vida de los trabajadores, sino también el impacto de los salarios, de la productividad, en la economía. Me sorprende negativamente que haya una moción parlamentaria, que a pesar de que un gobierno lleva argumentando mucho tiempo -en mi opinión correctamente- que lo más relevante es conversar el tema de jornada en un ámbito de flexibilidad, consiga el respaldo de congresistas del oficialismo por el apoyo popular. Basta eso, la encuestitis, para que un grupo de parlamentarios del oficialismo apoye dicho proyecto de ley. Por eso me preocupa mucho más el proceso político, la calidad. Los promotores del proyecto de ley reconocieron que no tenían estudios que pudieran explicar los impactos del proyecto de ley. Por muy virtuosa que sea la inspiración, como es la calidad de vida, tenemos que sopesar los impactos. Podría darse el caso en que el beneficio inicial se compense con creces por el efecto en los salarios o productividad de la empresa, incluso por la inflexibilidad que le impone a esa persona una jornada única.

¿Esa encuestitis de la que habla permeó al gobierno, dado que es el responsable final de enviar el proyecto?

-Hay que esperar la indicación. Si fuera que es un acercamiento al proyecto que contempla una simple reducción de jornada sin espacio para flexibilidad, estaría 100% de acuerdo con esa pregunta. Si la indicación es, como se ha dicho, que la jornada será un promedio de 41 horas en un periodo de tres meses, no. En Holanda, por ejemplo, el promedio es 38 horas cinco meses.

¿No es más estricto para sectores productivos, como el manufacturero, el que se haya eliminado la jornada de 45 horas, por mucho que haya más flexibilidad?

-Hay que poner varias válvulas para distintas realidades. La minera, la manufactura, los servicios continuos. Pero la indicación es parecida a lo que el proyecto de ley ya había propuesto, que es la jornada de 180 horas mensuales, que el resultante era 41.

Con la salvedad que seguía existiendo la jornada de 45 horas. La otra era una alternativa.

-Veamos la indicación. No quiero anticipar una opinión. No quiero decir que es irrelevante la reducción de jornada, pero más importante es la flexibilidad. Y tenemos que sopesar ser más productivos, y gradualmente rebajar la extensión de jornada.

En esa línea, ¿por qué no 40 o incluso menos de 40 horas? ¿cuál es el límite?

-Se empiezan a producir los efectos indeseados. Se ha demostrado que en países que han bajado mucho la jornada las personas empiezan a tener un segundo trabajo, en lugar de más tiempo libre.

Más allá de esta materia en particular, el gobierno llegó con el discurso de revertir reformas estructurales, y en las negociaciones se han desdibujado. ¿También cayó en la encuestitis el gobierno?

-Se requieren dos para bailar tango. Siempre pongo en el centro del análisis el proceso político, en el cual interactúa un gobierno con la oposición en el Parlamento, donde los parlamentarios de oficialismo interactúan con la oposición. Ese proceso político, en el cual todos son responsables, finalmente está dando respuestas más cortoplacistas, y algunas de ellas se acercan al populismo. Está perdiendo capacidad de procesar las demandas y las inquietudes ciudadanas legítimas, y dar respuestas institucionales más que respuestas cortoplacistas. Es difícil para un gobierno mantener sus convicciones, mantener sus iniciativas legislativas en un entorno en que no solo la oposición, fragmentada, le hace la vida difícil, sino también sus parlamentarios tienden a esa respuesta corta, cosista, no institucional.

¿Su propio bloque lo empuja a hacer algo populista?

-Claro. Ahora, uno podría decir que el gobierno podría tener más capacidad de resistencia. Bueno, veremos lo que dice la indicación. Por eso el desafío de Chile no es si el próximo gobierno es de derecha o izquierda. Los dilemas en Chile son: tenemos respuestas institucionales, tenemos respuestas que procesan la complejidad, o bien tenemos respuestas populistas, cosistas, cortoplacistas.

¿Pero el principal responsable en procesar las demandas de “la calle” es el gobierno de turno?

-Por supuesto. Es parte de este proceso político. No estoy eximiendo de responsabilidad a los gobiernos. Hace rato que están con esa dificultad.

Por último, otra materia que preocupa al mundo privado es la agenda de cambio climático. ¿Cuál es su postura?

-Desde Sofofa compartimos la ambición climática expresada en la meta de Chile de ser carbono neutral en 2050. Nos parece positiva. Lo que hemos puesto en la discusión es que más relevante que esa meta, es poner en la mesa las acciones climáticas costo eficiente para lograrla. Así como la ambición climática es un imperativo ético, también lo es adoptar las medidas costo eficiente que no sacrifiquen el desarrollo del país.

Hay quienes sostienen, y seguramente vendrán algunos de ellos a la COP25, que la única forma de combatir el calentamiento global es sacrificando desarrollo. Chile debe hacer una diferencia, debe decir que eso es una irresponsabilidad. Los países se preparan para el cambio climático cuando son más desarrollados.

/Entrevista de Patricio Poblete para La Tercera

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