Un poco tempranamente se abrió la temporada para salir a cazar votos, a más de un año de las municipales y más de dos de las presidenciales. Pero que se abrió, se abrió con el brusco cambio de estrategia del gobierno para salir a enfrentar la propuesta de la diputada comunista Camila Vallejo de reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales.

De una parlamentaria comunista se podía esperar una oferta así. El gobierno recordó que era inconstitucional porque supone mayores recursos para financiar a los funcionaros públicos y estas iniciativas son exclusivas del Ejecutivo. El PC ha hecho muchas propuestas inconstitucionales de este tipo o para eliminar leyes, lo que no está contemplado en nuestra legislación.

Además de inconstitucional, el gobierno acusó la liviandad con que la dirigente hacía la propuesta de subir en un 11% los costos de la contratación, ajena a los problemas de baja productividad en Chile (según a OCDE) y al estrés que somete al empleo el crecimiento de la fuerza laboral y la guerra comercial entre las dos súperpotencias del mundo.

El Ejecutivo había ingresado en mayo su primera iniciativa que apuntaba a reducir la jornada semanal a 41 horas siempre que se pactaran de manera flexible dentro una bolsa de 180 horas mensuales. Era un intento de introducir incentivos para flexibilizar la rígida ley laboral, incompatible con las demandas de los tiempos actuales. Pero bruscamente resolvió darse una vuelta en el aire tras comprobar que la arremetida comunista rendía en las encuestas (¡era que no!) y que parlamentarios oficialistas salían a apoyarla. Estos acusaron al Ejecutivo de estar descartando la iniciativa de 40 horas por razones ideológicas (el senador Ossandon) y algunos posaron en fotos con las promotoras de la moción parlamentaria (el diputado Gonzalo Fuenzalida).

Y no eran esos y otros de RN los únicos que sucumbían ante la popularidad de la medida. Los UDI tampoco votaron en contra de la moción, sino que se abstuvieron cuando se votó en general el proyecto el 24 de julio en la comisión de trabajo de la Cámara.

En vez de ordenar sus filas, La Moneda resolvió el jueves introducir una indicación a su propio proyecto para reducir a 41 horas promedio semanal la actual jornada de 45 horas. La reducción será obligatoria y para todos, pero gradual… e incluirá la flexibilidad horaria en que el gobierno basaba su discurso de adaptabilidad.

Todo rapidito, le pondrá sumar urgencia al proyecto que es de esperar no desplace al que crea la sala cuna universal, también en trámite en la comisión del trabajo del Senado, que avanza lento porque no es tan glamoroso.

Lo preocupante es el giro encabezado por el mismo Presidente, convirtiendo la política en un tablero de ajedrez comunicacional. Mover las piezas para dar el jaque mate efectista dejando la sensación de improvisar, buscar rédito cortoplacista y subirse a la ola populista que no mide costos ni tiene estudios y donde siempre un propósito de interés público, como es avanzar en la flexibilidad laboral, va a sucumbir ante la popularidad de una medida como acortar en cinco horas la jornada (en 2005 se redujo en tres horas).

Esta vez fue muy lejos el Presidente, y los empresarios se lo hicieron ver a una sola voz.  Una cosa es que la oposición no le apruebe los proyectos y tenga que “aguarlos”, pero otra, que arrastre al gobierno a una aventura de iniciativas sin fondo. Ese es el escenario soñado para sus adversarios políticos.

/escrito por Pilar Molina para El Líbero

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