La Contraloría General de la República informó que oficiará a la Secretaria General de Gobierno para conocer los antecedentes sobre la contratación del periodista Christian Pino, pareja de la vocera Karla Rubilar.

Y es que según dio a conocer la propia Rubilar, el ex rostro de 24 Horas fue contratado a honorarios como su asesor comunicacional el pasado 1 de noviembre por un salario mensual de 1 pesos.

Según consignó La Tercera, Pino “se desempeñará en el Gabinete Ministerial de este organismo, ejerciendo las funciones de asesoría comunicacional a la Sra. Ministra General de Gobierno, como a todo el Gabinete Ministerial”.

La vocera de Gobierno detalló que su pareja “tiene un contrato administrativo que le permite ingresar, tener su credencial y poder estar en La Moneda. Para eso gana un peso”.

En tanto, el jefe de la bancada de diputados DC, Gabriel Ascencio, ya había hecho lo propio ante Contraloría, ya que acusó que “se está desnaturalizando la naturaleza de los contratos en el servicio público sólo para que él puede tener una tarjeta para ingresar a La Moneda o acompañar a la ministra en un vehículo fiscal”.

“Cuando se contrata a alguien en el servicio público es para servir a la comunidad, con claras metas y objetivos. Aquí, lo que se busca es resolver el problema de la ministra que al parecer quiere tener un nidito de amor en La Moneda, eso no corresponde, es muy burdo, tanta torpeza de este Gobierno. Aunque sea por dos pesos, realmente es desnaturalizar lo que significa un contrato de servicios con el estado”, indicó en un comunicado dado a conocer por radio Cooperativa.

El parlamentario aseguró que “es razonable tener dudas respecto a si la contratación considera mínimos razonables para que sea útil para la función pública, como la profesionalidad de quien prestará el servicio, ya que es la misma Ministra a quien le toca dilucidar su utilidad para el Gabinete”.

Es por ello que pidió al contralor Jorge Bermúdez que se pronuncie por la legalidad de la contratación de Christian Pino y si se están cumpliendo con los estándares de probidad y transparencia. Junto con ello, pidió indagar quien visó el vínculo del periodista y “si dicho contrato, pasó por la fiscalización de Contraloría General de la República o algún órgano de fiscalización interno”.

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