Hace diez días, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil (DC) acudió a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para entregar su opinión sobre el proyecto que declara de interés nacional la explotación y comercialización del litio y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A, que fue presentado por la bancada del Partido Comunista a través del diputado Daniel Núñez en mayo de 2016.

De entrada, el abogado DC transparentó ante los diputados que asistía como experto vinculado al Ministerio de Minería. “El ministerio de Minería me ha encargado dar una opinión sobre la constitucionalidad del proyecto. Estoy avanzando en ese trabajo explorando 5 vicios de constitucionalidad. Tres de ellos me parecen claros”, explicó.

El fichaje de Correa Sutil se enmarca en un preocupación general del gobierno y del oficialismo por los proyectos presentados por el Partido Comunista.

Tal como publicó La Tercera, en la reunión de comité político ampliado de fines de julio, los dirigentes de Chile Vamos expresaron su preocupación por la constitucionalidad de los proyectos que promueve la oposición. El análisis apuntó en particular al PC que ha complicado al gobierno con iniciativas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas. La propuesta del litio es otra de los 18 iniciativas de la oposición consideradas “inconstitucionales” por el gobierno.

“Efectos inconstitucionales”

En su presentación en la Cámara, Correa Sutil se extendió en sus argumentos. Planteó que la iniciativa propuesta por el PC es “una ley habilitante de expropiación o ley expropiatoria”, pues aunque “no expropia por sí misma, pero autoriza acto administrativo que sí materializa la expropiación”.

Correa dijo que la iniciativa “es una especie de sanción a SQM, por el modo en que se privatizó, por Cascadas, por el financiamiento irregular de la política, etc. Son razones febles, porque aparecen claramente como una desviación de su fin. Es rara la fórmula de ‘yo lo expropio porque lo sanciono’. Expropiar en razón de eso es altamente vulnerable a una desviación de fin”.

Asimismo, advirtió que de ser aprobado el proyecto podría acarrear problemas en un organismo internacional, como el Ciadi: “Me gustaría estar del lado del reclamante que del reclamado. La expropiación de un contrato que ya se ha celebrado, genera responsabilidades del Estado más allá del costo natural de cubrir la expropiación, que eso doy por sentado que habría que pagarlo”.

Vicios de constitucionalidad

Correa se detuvo en el artículo 2 que declara “expropiable” toda operación de litio. “¿Qué es una operación? lo único que cabe expropiar son las propiedades, o sea bienes, bienes avaluables en dinero. Cuando ud. dice que va a expropiar una operación, eso es un acto, y el resultado de esa acción. Entonces, ¿qué es lo expropiable? El proyecto no lo define, y esto podría ser fuente de graves confusiones”, advirtió.

También dijo que “vulnera una reserva legal: esta limitándose desde ya el derecho de propiedad con falta de determinación y especificidad. O sea, nadie sabe con certeza qué puede ser expropiado”.

El diputado Núñez (PC) dijo que el gobierno está obsesionado por declarar inconstitucional los proyectos del PC. “El proyecto de 40 horas puso al gobierno al borde de un ataque de nervios. Quieren bloquear la labor legislativa del parlamento, no aceptan que se aprueben leyes que benefician a las grandes mayorías nacionales”, dijo.

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